Acaba el juicio de la mina de Aznalcóllar tras "diez años de calvario" y "la luz de la Fiscalía"

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha finalizado este martes, tras casi cuatro meses y medio, el juicio derivado de la denuncia de Emerita Resources España por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude en la adjudicación de los derechos de explotación de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, a la agrupación empresarial México-Minorbis; derechos por los cuales pujó sin éxito la entidad denunciante.

El juicio ha concluido con la última palabra de los acusados, derecho a cuyo uso han recurrido tres de las 16 personas sentadas en el banquillo de los acusados.

En concreto, los acusados en este juicio son la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto, el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández Guerrero por su papel como otrora secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo; los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, responsables de Magtel, matriz de Minorbis; y los funcionarios de la Junta miembros de la comisión técnica del concurso y de la mesa de contratación.

Tras casi cuatro meses y medio de sesiones, el juicio ha finalizado y ha quedado visto para sentencia, como ha declarado expresamente el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, una vez consumado el turno de la última palabra de los acusados, derecho del cual han hecho uso tres de los mismos.

"INFUNDADA ACUSACIÓN" DE EMERITA

En concreto, han hecho uso de su última palabra los acusados funcionarios de la Junta de Andalucía Julio Ramos Zabala, Pastora Sánchez de la Cuesta Sánchez Ibargüen y Aurora Gómez, quienes han alertado de que el juicio se basa en una "acusación infundada" de Emerita Resources España tras no ganar "por sus errores propios" el concurso promovido por la Junta para la adjudicación de los nuevos derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, cerrada tras la gran catástrofe natural acontecida en 1998 por la fractura de su balsa de residuos de metales pesados cuando el recinto era explotado por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).

También han alertado de las "falacias y muchas mentiras de extraordinaria gravedad" vertidas por Emerita Resources sobre el procedimiento administrativo promovido para el mencionado concurso internacional destinado a asignar los nuevos derechos de explotación del famoso complejo minero.

Al procedimiento, recordémoslo, concurrieron exclusivamente las ofertas de Minorbis, filial del grupo andaluz Magtel que pujaba con el apoyo de solvencia de Grupo México; y de Emerita Resources, perteneciente al fondo de inversión Forbes & Manhattan y que tras no ganar el concurso denunció el asunto por la vía Penal, asegurando que su propuesta era superior en lo económico; así como también por lo Contencioso Administrativo; y que en una reunión, el acusado Mario López Magdaleno, presidente de Magtel, habría dicho supuestamente que él tenía "la llave" del concurso, reclamando presuntamente a Emerita "el 15 por ciento" del negocio exclusivamente por "asegurar" el resultado del procedimiento.

"UNA INJUSTICIA SIN PRECEDENTES"

En ese sentido, estos acusados han alertado de los "inmensos perjuicios" sufridos en lo profesional y lo personal tras "diez años kafkianos, de manipulación, calvario y de una injusticia sin precedentes" como consecuencia de la "mala fe" de Emerita Resources, que recientemente veía cómo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestimaba íntegramente su recurso contencioso-administrativo contra la empresa Minera Los Frailes, sociedad de propósito creada por la alianza conformada por Minorbis y Grupo México para explotar la mina de Aznalcóllar tras hacerse con los derechos de la misma, fruto del concurso promovido por la Junta.

Y entre sus intervenciones, han destacado que en todo este procedimiento judicial ha brillado "la luz de la Fiscalía", que en la fase de conclusiones definitivas del juicio ratificaba una vez más su petición de sobreseimiento con relación al conjunto de acusados, al confirmar su escrito provisional, en el que ya solicitaba tal extremo por no apreciar delito alguno.

La Fiscalía, además, instó las dos órdenes de sobreseimiento del caso acordadas años atrás por la magistrada Patricia Fernández Franco como jueza encargada de instruir la denuncia penal de Emerita Resources, al no apreciar delito alguno ni el Ministerio Público ni dicha magistrada instructora.

Pero tras los recursos de apelación de las acusaciones particulares y popular contra esas dos decisiones de archivo, en ambos casos la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya; instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos; accedió a las tesis de las acusaciones ordenando la reapertura de las diligencias, cristalizadas en el citado juicio, en el que la Fiscalía no formulaba acusación y como ha sido señalado, ha solicitado de nuevo el sobreseimiento.