Vecinos del pueblo del sur de Europa con más fotovoltaicas dicen 'basta'

Vecinos de la urbanización Santa Genoveva, en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaira, denuncian que el Ayuntamiento ha autorizado la instalación de tres plantas fotovoltaicas alrededor de sus casas a tan solo cien metros de distancia.

Los residentes de esta zona periférica a la ciudad lamentan que mientras la normativa municipal del año 2020 protege de instalaciones de este tipo el casco urbano con un perímetro de quinientos metros esta misma distancia no se respeta con ellos. "Aceleran tanto el proceso de aprobación" de los proyectos que "apenas dejan margen para reaccionar", explican a LA RAZÓN. Para colmo, las tres plantas que se pretenden instalar rodeando sus viviendas se gestionaron coincidiendo en el tiempo con el inicio de la pandemia del Covid. "Los proyectos se publicaron en el BOJA en 2020 y, por desconocimiento del tema, no pudimos alegar dentro del periodo establecido", esgrimen.

"Se basan en una ley estatal que los ampara, en un PGOU de 1994 y en una modificación puntual del mismo de 2023 que promueve la instalación de centrales fotovoltaicas. Gracias a esa normativa, el Ayuntamiento no necesita recalificar el terreno, pues es una industria camuflada sobre suelo rústico", explican los vecinos.

Alcalá de Guadaira es el municipio del sur de Europa con mayor porcentaje de instalaciones fotovoltaicas. El Ayuntamiento presume de que Alcalá sea referente en la producción de energía solar fotovoltaica. Las plantas en uso y en carga en su territorio suponen dar suministro eléctrico mediante energía renovable a más de 415.000 hogares con una reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera de más de 512.000 toneladas al año.

El Ayuntamiento de Alcalá sigue así incentivando las plantas solares como apuesta por la actividad económica del municipio y la sostenibilidad medioambiental. En septiembre de 2023, tras anunciar hasta siete licencias para nuevas plantas, el propio Ayuntamiento indicaba en una nota que "antes de conceder las licencias, ya había modificado sus normas urbanísticas para regular la implantación de este tipo de instalaciones con el objetivo de proteger todo el territorio y reducir el impacto visual, en especial las zonas de especial calado ambiental y paisajístico". "Trabajamos para incentivar la actividad económica en la ciudad, atraer nuevas inversiones, riqueza y empleo para el municipio, y generar ingresos fiscales para las arcas municipales que repercutan en todos los alcalareños y alcalareñas", señalaba el delegado de Urbanismo, Jesús Mora.

El propio Gobierno local socialista argumenta que si "Alcalá de Guadaíra consolida su liderazgo en la producción de energías limpias" es porque las empresas eligen el municipio "por ubicación, apoyo y facilidad en los trámites administrativos, para la implantación de plantas fotovoltaicas".

Burbuja fotovoltaica

En cambio, estos vecinos alcalareños han iniciado incluso una recogida de firmas en change.org para solicitar la modificación puntual del PGUO que evite la "burbuja fotovoltaica destructora del medio ambiente". En su petición, explican que "el municipio ya ha sobrepasado el porcentaje de instalaciones" de este tipo que requiere la población. "Necesitamos una modificación puntual del PGOU que regule las instalaciones fotovoltaicas sin perjuicio de la población urbana, el entorno rural, la flora y la fauna. Además, exigimos la paralización inmediata de las licencias presentes y futuras hasta su redacción. Las leyes actuales solo benefician a esta industria camuflada", concluyen.

A final de año, el grupo ecologista Alwadi-ira precisaba la necesidad urgente de disponer de una normativa que cuente con la participación de la sociedad civil para la correcta ordenación e implantación de estas instalaciones solares, de forma que se puedan evaluar los efectos ambientales de manera racional y poder asociar la consideración de los impactos a una referencia común. En este sentido, añadían que la modificación del PGOU aprobada por Ayuntamiento de Alcalá y respaldada por la Junta de Andalucía "podría ser mejorada, no cabe la menor duda", según el grupo ecologista.

Moción aprobada en el Pleno

El Pleno del Ayuntamiento celebrado ayer debatió una moción presentada por el grupo 'Alcalá nos importa' que solicitaba aplicar el radio de protección de al menos 500 metros no solo al casco urbano sino también fuera del mismo al suelo que tenga la categoría de urbano y en cualquier agrupación de viviendas y núcleos residenciales que pudieran ser susceptibles de tal calificación, siendo aprobada por todos los grupos políticos de forma unánime. Para la garantía de su ejecución se tiene que realizar una paralización de las licencias urbanísticas de los proyectos fotovoltaicos hasta que se realice una modificación puntual del actual PGOU. Sin ello, la moción aprobada no tiene validez alguna.