En una resolución que podría marcar un precedente en el ámbito del derecho laboral español,ha anulado el despido de un empleado de una empresa de limpieza, tras una serie de incidentes ocurridos en octubre de 2024 que derivaron en un complejo proceso legal.

El caso se originó tras una disputa entre dos trabajadores, uno de los cuales alegó haber sido agredido, hecho que requirió asistencia médica y provocó la intervención de la policía. La empresa, alegando conductas inapropiadas, procedió a la terminación del contrato de trabajo. Sin embargo, los jueces desmontaron los argumentos de la compañía, señalando una “falta de evidencia concluyente” y calificando el despido como improcedente.

Entre los elementos valorados en la sentencia, destaca la presencia de un perro en el centro de trabajo. El tribunal concluyó que, dado que el trabajador justificó la presencia del animal por motivos médicos, esta acción no constituía una infracción grave. Además, tampoco se logró demostrar la tenencia de sustancias ilícitas durante la jornada laboral, otro de los puntos que la empresa intentó utilizar como fundamento del despido.

El fallo judicial contempla dos posibles vías para la empresa: readmitir al trabajador, identificado como David, o indemnizarlo con una suma que supera los 104.000 euros, lo que pone de relieve la gravedad de aplicar sanciones sin respaldo documental o testimonial suficiente.

El TSJ Illes Balears subrayó que “la carga probatoria debe ser clara, coherente y verificable”, en especial cuando se trata de decisiones que afectan el futuro profesional de una persona.