Violencia educativa institucionalizada

La izquierda política siempre mantuvo como condición mínima para cualquier pacto educativo la supresión del derecho a existir de Centros Privados con ideario o carácter propio. Así lo manifestaría Otero Novas, ministro de Educación en el ejecutivo de Adolfo Suárez, para quien la izquierda no sólo se oponía a que los centros privados con ideario propio recibieran subvenciones del Estado, siendo la financiación uno de los grandes motivos de disensión, sino incluso a que pudieran existir.

Otra condición mínima para el pacto educativo era la libertad de cátedra como derecho absoluto que no tendría que ceder en nada ante el ideario del Centro en el que el profesor impartiera sus enseñanzas, derecho que, a juicio de la izquierda, podía ser suplantado por la necesidad de imponer la ideología del centro si se permitían centros con ideario educativo propio, exigiendo incluso que en los centros financiados con fondos públicos el protagonista sea la comunidad escolar, beneficiaria del servicio.

Este último extremo ahora se ve cancelado por la arbitraria intolerancia para los demás de quienes propugnan derechos para sí mismos. La siniestra figura del “comisario político”, rescatada por la ministra Celáapara los consejos escolares de colegios e institutos, arguyendo desequilibrio a favor del titular del centro, no sólo convierte al Gobierno en autor de un gran cinismo hipócrita sino en instigador de una conspiración encaminada a un Estado democrático que actúa como una empresa monopolística, promotora de una educación y enseñanza policial, capaz de someter a los ciudadanos paradójicamente con sus propios recursos.

Asistimos así a una auténtica violencia educativa institucionalizada desde la vigilancia y el control de un ideario único estatal, obstaculizadora de un óptimo desenvolvimiento del problema educativo, en abierta confrontación con los centros concertados en su esfuerzo por gestionarlos y con la Iglesia católica al negar la libertad religiosa, el derecho fundamental a recibir la enseñanza religiosa en bachillerato que hasta ahora se garantizaba. Esta deconstrucción ideológica produce consecuencias indeseables en la comunidad educativa y causa un grave daño a la misma sociedad, enfrentando la enseñanza estatal con la no estatal.

La descentralización y la autonomía escolar se hacen imposibles cuando el Estado pretende convertirse en agente promotor de proyectos ideológicos, imponiendo, desde una indecente intromisión política, una transmisión única de saberes ciudadanos en un sistema de ideario único estatal. Sea cual sea la entidad que gestione los colegios, corresponderá a la libertad de los padres, estudiantes y docentes adoptar sus propias opciones. Es preocupante para la salubridad democrática y moral imponer la existencia de una única autoridad educativa utilizando el poder político, desautorizando la religión, poniendo en marcha un código de conducta único, una ética de gobierno, prescribiendo la ejecución meticulosa de los deberes y despersonalizando al individuo mediante la manipulación de la maquinaria ideológica.

La figura del “comisario político” en las escuelas y colegios no favorece el bien común, excluyendo a quienes, como los reclusos de la bahía de Guantánamo, se salen de sus códigos éticos. Sin un acuerdo previo sobre lo valioso, sólo hay totalitarismo, puro poder de control por medio de la manipulación, libertad cancelada por la coacción del poder político. La regulación gubernamental quiere levantar nuestras vidas desde sus propios escombros, sin más fines que los impuestos por una disciplina propia, en consonancia con la hegemonía estatal. Al más puro estilo rousseauniano, entrenados en la docilidad del yugo de la felicidad pública terrena, el gobierno socialista reclama una adhesión sin fisuras, haciendo de la democracia una religión de la política, sacralizando la política, propugnando lo que el filósofo estadounidense Michael Hardt denomina “el vaciamiento de la sociedad civil”, la calculada estrategia de no distinguir entre la sociedad civil y el Estado, la voluntaria omisión de ocultar que el Estado no puede gestionar el sistema escolar universitario, ni el Gobierno promover los bienes del Estado tal y como ellos los entienden, como bienes públicos que sirven a sus propósitos, utilizando cuando sea necesario la coacción con el fin de que sea el partido, el Gobierno o el propio Estado quien impulse un grotesco dirigismo educativo.