Canarias exige al Estado cumplir la ley y acelerar las derivaciones de menores migrantes

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este miércoles solicitar a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma que se adhieran al recurso del Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional en defensa del decreto-ley que regula el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. La decisión llega después de que los gobiernos de Aragón y Madrid interpusieran recursos contra la norma, lo que ha motivado la reacción del Ejecutivo insular.

El portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, ha sido tajante durante la rueda de prensa posterior al Consejo, al asegurar que Canarias se siente “afectada por terceros” y ha urgido a una respuesta efectiva y coordinada. “No podemos seguir en esta situación.Seguimos sin ninguna derivación”, ha afirmado, al tiempo que reclamó al Gobierno central que actúe sin esperar a la reunión de la próxima Conferencia Sectorial de Infancia.

Cabello ha subrayado que más de 1.200 solicitantes de asilo que actualmente se encuentran en el archipiélago podrían ser derivados de inmediato, sin necesidad de esperar al pronunciamiento del Tribunal Supremo, previsto para el 29 de mayo. “Canarias sigue en emergencia migratoria grave. Se les llena la boca hablando de solidaridad, pero todos evitan dar la cara”, ha criticado.

El portavoz ha denunciado la sobrecarga del sistema de acogida en las islas, que opera “casi al 200%” de su capacidad desde hace más de un año y medio. Según explicó, existen 86 centros que no deberían albergar más de 20 menores cada uno, pero algunos alojan a casi 400.

Como ejemplo de la situación crítica, Cabello ha mencionado el reciente caso del centro Emena La Fortaleza I, en Santa Brígida, cerrado por orden judicial tras la detención de nueve personas por presuntos delitos de lesiones, amenazas y contra la integridad moral. El portavoz ha reconocido que las instalaciones “no están como nos gustaría”, pero ha defendido la actuación de los servicios de inspección, que, según dijo, operan con firmeza. El caso se encuentra bajo secreto de sumario.

Cabello ha hecho un llamamiento al Gobierno central para que actúe con “altura de miras” y ha instado a las comunidades autónomas a demostrar “solidaridad” ante lo que calificó de una situación “desesperada y excepcional”. También ha reprochado al Estado no haber sido más firme a la hora de coordinar las redes de acogida autonómicas y haber ofrecido datos “mezclados de forma torticera” sobre los menores migrantes.

“Necesitamos ayuda y auxilio del Gobierno y de las comunidades autónomas”, ha concluido, reclamando una solución inmediata para desatascar un sistema que se encuentra al borde del colapso.