Política

Domínguez denuncia que la financiación catalana rompe la unidad fiscal y perjudica a Canarias

El vicepresidente del Ejecutivo canario asevera que el nuevo modelo propuesto para Cataluña perjudica a las regiones más vulnerables y rompe el núcleo fiscal de España

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Manuel Domínguez, ha expresado este martes su firme rechazo al acuerdo de financiación que se plantea para Cataluña, calificándolo como una amenaza directa a la cohesión territorial y un acto de “desprotección” hacia comunidades receptoras como el Archipiélago.

Durante una intervención ante los medios, Domínguez -quien también lidera el Partido Popular en Canarias- ha advertido que este modelo supone “trocear el país” y “robar” recursos a territorios más vulnerables. En su opinión, el pacto abre la puerta a una financiación desigual, al permitir que una comunidad como Cataluña, que actualmente aporta a la economía común, pase a gestionar de forma individual sus ingresos, quedando al margen del sistema de solidaridad interterritorial.

“Una comunidad autónoma como Cataluña estará exenta, estará fuera, estará recaudando por sí sola”, denunció, añadiendo que este modelo de “cupo catalán” genera comunidades “de primera y de segunda”.

Especialmente contundente fue el vicepresidente al criticar al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a quien acusó de “vender” los intereses del archipiélago a favor de Cataluña. “Me llama la atención que un canario sea capaz de aceptar esto, perjudicando a los ciudadanos y a su propia tierra”, lamentó.

Canarias, recordó el vicepresidente, no es una comunidad que aporte al sistema, sino que se beneficia de la solidaridad de otras regiones. Por ello, teme que un modelo asimétrico de financiación deje aún más desprotegidas a las comunidades con menor capacidad fiscal.

Domínguez concluyó señalando que, independientemente de cómo se articule la nueva metodología, el impacto para Canarias será negativo: “Estamos muy preocupados porque este acuerdo supone una fractura en la equidad del Estado”.