Page recurre ante el Constitucional el decreto de reparto de menores inmigrantes no acompañados

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde este martes a los servicios jurídicos de la Junta para que presenten un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno central sobre el reparto de menores migrantes no acompañados entre las distintas comunidades autónomas. Desde el Gobierno regional consideran que se trata de una "imposición unilateral" que invade las competencias exclusivas de las comunidades.

Así lo ha avanzado este martes la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, quien afirmaba que "acoger no es solo abrir la puerta, sino hacerlo con dignidad", añadiendo al mismo tiempo que el recurso va enfocado por la falta de financiación ya que "derivan el problema a las comunidades sin aportar recursos".

"No recurrimos para no atender. Recurrimos para atender dignamente a estos niños y contar con los recursos necesarios", ha argumentado Padilla, que ha reclamado 250 millones de euros para el conjunto de las comunidades para atender a los menores migrantes no acompañados.

"Así que recurrimos este decreto porque Castilla-La Mancha no recibe ni un euro de financiación para atender a 500 niños y niñas que el Gobierno unilateralmente ha decidido que tienen que venir, más de los que ya atendemos", ha sostenido.

En este sentido, Padilla ha señalado que la atención a estos 500 menores migrantes que debería acoger Castilla-La Mancha en el reparto acordado por el Gobierno tiene un coste que ha cifrado en más de 26 millones de euros anuales. "Y la financiación prevista por parte del Gobierno es cero para Castilla-La Mancha", ha abundado.

Informe del Consultivo

Con todo, ha señalado que el Gobierno regional decide también recurrir este decreto en base a un informe del Consejo Consultivo que responde al requerimiento hecho por la Consejera de Bienestar Social para que este órgano se pronunciara, y que señala que hay "un flagrante quebranto" del principio de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas.

A ello añade que el Consultivo apunta que hay una posible "invasión de competencias" exclusivas de la comunidad autónoma en materia de atención de menores en este decreto, puesto que ya están recogidas el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

"El informe señala que no existía la necesidad de establecer una norma excepcional como un decreto que dejara fuera la opinión de las comunidades autónomas y, por lo tanto, a la conferencia sectorial. Además, dice que no debía haberse hecho por un decreto ley, porque estamos hablando de derechos fundamentales y es ámbito de una ley orgánica", ha añadido Padilla.

A ello ha añadido que incide, además, en que el decreto "no busca la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en materia de asistencia y protección. Más bien, se busca sustituir el problema". "Es un problema de España, de la Unión Europea y, con este decreto, lo que hacen es derivarlo a las comunidades autónomas, pero no se da una solución", ha agregado Padilla.