Ayudas de hasta 13.500 euros por contratar al menos 9 meses a perceptores de la Renta de Ciudadanía

Desde que el pasado mes de marzo el coronavirus irrumpiera con fuerza en nuestras vidas, confinando en casa a la población durante casi tres meses hasta que comenzó la desescalada, las personas que tenían problemas antes de la pandemia han visto agravada su situación aún más si cabe. De hecho, solo por dar un dato del aumento de la pobreza, se calcula que los diez bancos de alimentos de Castilla y León pasarán de atender a los 60.000 beneficiarios del año pasado a las entre 85.000 y 90.000 personas cuando termine este 2020.

Además, en este tiempo hay más de medio millar de hogares en el que alguno de sus miembros ha empezado a cobrar laRenta Garantizada de Ciudadanía que otorga el Gobierno autonómico como un ingreso mínimo vital vinculado a la búsqueda activa de empleo desde hace diez años. Por lo que en la actualidad están recibiendo esta prestación más de 9.600 familias con 22.600 beneficiarios que viven en una situación de pobreza extrema a los que se está echando una mano para salir adelante en estos delicados momentos.

Si bien, en su afán por mejorar la empleabilidad de estas personas y que puedan reengancharse al mercado laboral lo más pronto posible para no quedarse atrás o excluidos definitivamente de la sociedad además de que puedan tener una cierta estabilidad laboral, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha modificado la regulación de las subvenciones que otorga a las empresas que contraten a perceptores de esta renta de ciudadanía.

De hecho, el Boletín Oficial de la Comunidad ha publicado ya este viernes el cambio en la regulación de estas ayudas que están cofinanciadas por el fondo social europeo, para que estas contrataciones, que reciben una ayuda de 13.500 euros, sean al menos de nueve meses de duración, con independencia del salario que legal o convencionalmente le corresponda percibir al trabajador.

La experiencia adquirida durante la gestión de las dos convocatorias anteriores ha llevado a mejorar las condiciones de contratación e incrementar el periodo de contratación a subvencionar, según informan fuentes del departamento que dirige Isabel Blanco, desde donde explican que los contratos deben formalizarse por escrito y podrán concertarse a jornada completa o a tiempo parcial, siempre que en este caso, la jornada de trabajo sea igual o superior al 80 por ciento de la jornada que esa empresa o sector tenga estipulada como completa.

Además, las personas destinatarias serán seleccionadas por la entidad o empresas beneficiarias de entre los candidatos que cumplan el requisito de ser beneficiario de Renta Garantizada de Ciudadanía, y sean derivados por la Gerencia de Servicios Sociales, como responsable de la prestación.

No obstante, dicho importe se reducirá proporcionalmente cuando la contratación no alcance el cien por cien de la jornada laboral firmada en el convenio para ese sector o cuando esta sea inferior a 38 horas semanales. También se reducirá en la misma proporción cuando el tiempo de contratación no siendo inferior a seis meses, tampoco alcance los nueve meses estipulados para poder recibir dicha ayuda.