Calvo anuncia un Plan de Exhumación “para dignificar” a las víctimas del franquismo

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha anunciado este miércoles en Valladolid un Plan de Exhumación en toda España con recursos públicos para dignificar a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo .

La también ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Ejecutivo de Pedro Sánchez aseguraba que este plan se hará con responsabilidades compartidas con las autonomías que han puesto en marcha medidas en ese sentido, como es el caso de Castilla y León a través de su Ley de la Memoria, y con los municipios “que se han empeñado en no tener fosas comunes”, apuntaba.

Un plan que, según avanzaba la ministra, formará parte de la nueva Ley de memoria Histórica en la que está trabajando el Gobierno de España para sustituir y mejorar a la aprobada en su día por el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y que recogerá también un banco de ADN “para identificar a los represaliados” y una “resignificación” del Valle de los Caídos, “para que una vez que el dictador no está allí se convierta en un lugar de respeto, paz y silencio por las víctimas que allí están, de los dos bandos”.

Calvo se expresaba durante un acto en la subdelegación del Gobierno de la capital vallisoletana de “reparación” y de entrega de condecoraciones a los familiares de cuatro víctimas de la contienda entre españoles “que fueron perseguidas y condenadas por razones políticas e ideológicas”, según explicaba Calvo.

Durante su intervención, destacaba el compromiso del Gobierno de España en la restitución de la dignidad a todas las víctimas del franquismo, “para que el sistema democrático no esté sustentado ni en desaparecidos ni en fosas comunes, y advertía de que “no hay que bajar la guardia”, ya que la democracia es un derecho conquistado pero no “eterno”, por lo que animaba a su defensa diaria.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, por su parte, destacaba la necesidad y justicia de este acto de reparación que calificaba de “grito de protesta por inocentes caídos”, y recordaba que en muchos lugares olvidados del país todavía yacen los cuerpos de miles de españoles, “sin que sus seres queridos tengan un lugar digno donde recordarlos y llevarles unas flores”.

Las declaraciones de reparación y reconocimiento personal fueron entregadas por Carmen Calvo a los familiares de Calixto Carbonero Nieto, Arelio García Valea, Florencio Moral Esteban y Saturnino Bilbao de Prada. En todos los casos está acreditado que los afectados padecieron persecución por razones políticas e ideológicas durante la Guerra Civil, y en el caso de Florencio Moral, también durante la Dictadura.

Víctimas

Calixto Carbonero Nieto, viajante de comercio, fue condenado en noviembre de 1936 en consejo de guerra en Salamanca por el supuesto delito de rebelión militar a la pena de 30 años de reclusión mayor. Posteriormente, en 1938 fue condenado a la pena capital por consejo sumarísimo de guerra por su supuesta participación el 22 de mayo de 1938 en una sublevación de presos en el penal de la fortaleza de San Cristóbal. Fue fusilado en la Ciudadela de Pamplona tres meses después.

Por su parte, Aurelio García Valea, según se informa desde la Delegación del Gobierno, en verano de 1936 ocupaba el cargo de gestor en el Ayuntamiento de Tordesillas (Valladolid) y al estallar la Guerra Civil hizo lo posible porque esa localidad se mantuviese fiel al orden constitucional. Fue condenado por estos hechos en octubre de 1936 a la pena de muerte por un supuesto delito de rebelión militar. Esta pena fue conmutada a reclusión perpetua, pero falleció finalmente por una endocarditis en la prisión central de Burgos, en mayo de 1939.

Mientras tanto, Florencio Moral Esteban fue soldado del Ejército de la II República desde 1932 y durante la Guerra Civil realizó abundantes misiones de espionaje y contraespionaje en el norte de Madrid y provincias limítrofes, llegado a ser apodado ‘el Murallas’ por su capacidad de burlar a las fuerzas enemigas. Al concluir la guerra fue condenado en juicio sumarísimo a la pena de muerte por un supuesto delito de adhesión a la rebelión militar, pena que fue ejecutada en San Lorenzo del Escorial el 19 de abril de 1939.

Por último, Saturnino Bilbao de Prada fue juzgado y absuelto por un supuesto delito de rebelión militar en agosto de 1936 relacionado con la toma de la casa del pueblo de Valladolid, donde tenía el cargo de conserje. Sin embargo, el 10 de abril de 1937 fue extraído de la ‘Cárcel de cocheras de tranvías’ de Valladolid y ejecutado extrajudicialmente en Laguna del Duero (Valladolid).