Apenas cuatro de cada diez entidades locales han rendido sus cuentas de 2019

A falta de nueve días para que termine el plazo, Mario Amilivia recuerda que “es una obligación legal y un cumplimiento que marca la diferencia en calidad democrática”

Mario Amilivia, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León
Mario Amilivia, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y LeónConsejo de CuentasLa Razón

A fecha de 10 de enero, el pasado domingo, solo un 41 por ciento de las 4.749 entidades que conforman el sector público local de la Comunidad, entre ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, comarcas o entidades locales menores, había rendido sus cuentas de 2019. Un porcentaje que en el caso de los ayuntamientos, que son 2.248 los que hay, sube algo más hasta el 50 por ciento. O lo que es lo mismo, 1.124 consistorios sí que han cumplido con esta obligación ya, según ha podido saber este periódico.

Fuentes del Consejo de Cuentas explican que este porcentaje cambia cada día y advierten de que restan nueve jornadas para que termine el plazo para que estas entidades se pongan al día. Además, recuerdan que rendir las cuentas “es una obligación legal y un cumplimiento que marca la diferencia en calidad democrática”. Si bien, confían en que el porcentaje se eleve con las cartas que ha enviado a las entidades locales para apremiarles a que fiscalicen su gestión.

El plazo finaliza el próximo 22 de enero tras la prórroga que se hizo en octubre debido a la pandemia y a la situación de excepcionalidad que esta ha generado en todos los órdenes de la vida, y también en este de la rendición de cuentas.

Fuentes de esta institución señalan que gran parte de los trabajos previstos en el proyecto de Plan Anual de Fiscalizaciones para 2021 remitido por el Consejo de Cuentas a las Cortes de Castilla y León para su aprobación, derivan de la situación ocasionada por la pandemia.

Así, en el ámbito local se prevé verificar su impacto en los tributos propios de las capitales de provincia, así como el destino dado por los ayuntamientos a los fondos recibidos específicamente para la covid. También se realizará un análisis del impacto de la crisis sanitaria en las cuentas del sector público local. Los trabajos establecidos para los próximos meses incluyen también algunas de las transformaciones sociales surgidas en la pandemia.

Además, se incidirá en la revisión de la seguridad informática de diez ayuntamientos y, por otra parte, se analizará la gestión recaudatoria de las nueve diputaciones, cuestión fundamental en tiempos de crisis, y especialmente por su implicación con los pequeños municipios. Información sobre contratos.

Por otro lado, aparte de la rendición de la cuenta general, con carácter ordinario las entidades locales también están obligadas a remitir al Consejo de Cuentas, dentro de los dos primeros meses de cada ejercicio, es decir, hasta el próximo 28 de febrero, una relación anual de los expedientes de contratación formalizados el año anterior.

En el caso de no haberse suscrito contratos, las entidades deben presentar una certificación negativa. Esta relación, a partir de la nueva Ley de Contratos del Sector Público de 2017, debe incluir también los contratos menores, excepto aquellos de importe inferior a 5.000 euros satisfechos mediante un anticipo de caja fija u otro sistema similar. Se considera contratación menor, aquella de importe inferior a 40.000 euros, cuando se trata de obras, o 15.000 euros cuando se trata de suministro o de servicios.