Igea defiende el cierre del interior de la hostelería: “Tiene un efecto indiscutible”

Los hosteleros de Castilla y León están que trinan con el Gobierno autonómico por la dureza de las restricciones y medidas hacia este sector que se han tomado en este año y un mes de pandemia, con tres cierres obligados que son cuatro en una treintena de municipios de la Comunidad en los que en estos momentos los bares y restaurantes no pueden abrir el interior para el consumo, entre los que se encuentran capitales de provincia como Valladolid, Salamanca, Segovia, Burgos, Palencia y Soria.

Preguntado por este tema en Salamanca y su comparativa con la Comunidad de Madrid, más laxa y flexible en este asunto, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea,ha defendido de forma vehemente las medidas tomadas por su Gobierno al respecto, “siempre velando por la salud y la vida de los ciudadanos”.

Igea insistía en que todas las decisiones que ha llevado a cabo la Junta se han adoptado por criterios científicos y que los resultados están ahí. “El efecto que ha tenido el cierre del interior de la hostelería es indiscutible”, decía el también portavoz del Gobierno regional y consejero de Transparencia, Ordenación del territorio y Acción Exterior, mientras explicaba que el virus se transmite por aerosoles por lo que afecta más a los lugares cerrados y donde haya gente sin mascarilla.

“Esto es una evidencia científica, lo demás son opiniones. No podemos pasarnos el día discutiendo si es de día o es de noche, aunque hay gente que se instala en lo más popular”, advertía, a la vez que ponía en entredicho la estrategia al respecto de la Comunidad de Madrid, donde aseguraba que la tercera ola “ha durado más tiempo” y se han contabilizado entre 1.400 y 1.500 muertosfrente a los cuatrocientos registrados en Castilla y León.

Archivo de Salamanca

Por otro lado, Igea, aprovechaba su estancia en la capital del Tormes para defender el mantenimiento de los documentos en el Archivo Provincial Histórico tras las últimas salidas de papeles de la sede a Cataluña que se estiman en hasta 200.000 documentos. Un asunto que, según decía, al Gobierno regional le causa una “seria preocupación” y que por ello pera que cese cuanto antes para que estos documentos sean devueltos a su institución de origen.

Igea se ha apoyaba también en una resolución de la Unesco en la que se apuesta por la unidad de los Archivos de la Represión para que se permita conservar la memoria de lo ocurrido y realizar los estudios científicos e históricos que sean necesarios para la preservación de la memoria y la dignidad de las víctimas.

El también portavoz de la Junta reclamaba al Ejecutivo central que cumpla con la sentencia del Tribunal Supremo en la que se exige que se devuelva el material que salió hacia Cataluña “de manera irregular y que no se desmiembre así la unidad del Archivo que es esencial para quienes quieren conocer la historia de su país”. Además, urgía al Ministerio de Cultura a la convocatoria de una reunión del Patronato del Archivo para tratar este asunto, en cuyas labores de interlocución está participando la Consejería de Cultura y Turismo.

El consejero de Transparencia se expresaba de esta forma tras visitar en compañía del delegado territorial de la Junta en Salamanca, Eloy Ruiz, del viceconsejero de Cultura, Raúl Fernández Sobrino, y del secretario general de la Consejería de Transparencia, José Miguel García, la exposición “Cultura y Propaganda en la Guerra Civil y la Posguerra”, una muestra de documentos del coleccionista José Luis Rodríguez Argüeso que, a juicio de Igea, permite ver la importancia del “conocimiento y la memoria” y en la que se observa la “diferencia entre propaganda y Memoria Histórica en unos tiempos en los que el país se encamina hacia la polarización y el sectarismo”.