Castilla y León muestra su disconformidad con el uso que se hará de los fondos UE para empleo

La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, ha manifestado este miércoles la disconformidad de la Junta de Castilla y León con el destino de los fondos de Recuperación y Resiliencia para políticas de empleo que ha planteado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

Una postura, ha remarcado la Junta en un comunicado, que han compartido los responsables de empleo de las comunidades autónomas gobernadas por el PP o en coalición con Cs de Galicia, Andalucía, Murcia y Madrid por entender que se “invaden las competencias autonómicas para el diseño de las políticas activas de empleo”.

De este modo, la consejera de Empleo e Industria ha participado en la LXXX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, presidida por la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, donde ha defendido la necesidad de respetar las competencias autonómicas en el diseño de las políticas activas de empleo.

El principal tema tratado en la reunión ha sido la distribución de 687,75 millones euros de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y el diseño del Gobierno de España para que estos sean destinados a una relación de destinos funcionales concretos.

Así, como ha informado la Junta, los consejeros de estas cinco comunidades autónomas han mostrado su rechazo a esta “invasión de competencias”, puesto que su participación en la propuesta ha sido “puramente testimonial”, han denunciado.

Los representantes de estos gobiernos autonómicos han querido remarcar que son las comunidades autónomas las que poseen las competencias sobre las políticas activas de empleo, ya sean servicios de empleo, incentivos para el empleo y formación para el empleo. Por tanto, “son las comunidades autónomas las que tienen que diseñar cualquier política activa de empleo”.

Por este motivo, los gobiernos de Castilla y León, Galicia, Andalucía, Murcia y Madrid han mostrado su desacuerdo ante el comportamiento del Ministerio de Trabajo, al igual que el de Educación, “al tratar a las comunidades autónomas como meras ejecutoras de las líneas de subvención elegidas de forma unilateral por estos ministerios, cuando son las comunidades autónomas las encargadas de su gestión”.

Denuncian, por tanto, que se “impongan” los destinos funcionales de los fondos, en muchos casos “coincidentes con políticas ya existentes en nuestro ámbito y en su mayoría siendo imposibles de automatizar los procesos de aplicación sin, además, incorporar recursos suficientes para hacerlo en tiempo y forma”.

Asimismo, han denunciado la “opacidad” en el reparto de los fondos, ya que “solo” se conoce que de los 70.000 millones que recibirá España, 19.000 millones irán a parar a las comunidades autónomas, sin que se haya dado a conocer los criterios con los se van a asignar los 52.000 millones restantes, que suponen casi 3 de cada 4 euros de la totalidad de fondos que recibirá España.

Los representantes de los gobiernos autónomos han lamentado, por tanto, que se “traslade a las comunidades autónomas toda la responsabilidad del éxito de las medidas sin que hayan podido participar en su diseño”, ya que “simplemente han estado presentes en algunas reuniones informativas previas”.

Del mismo modo, han advertido de que la fórmula utilizada incorpora un “elevado riesgo de no poder ser puestas en práctica”, además de “no cumplir con los objetivos buscados de mejorar la empleabilidad de las personas y mejora de la productividad de las empresas dentro del contexto de una economía más verde y digital marcado por la Unión Europea”.

Finalmente, la consejera de Empleo e Industria ha insistido especialmente en la “rigidez” de la propuesta que “no permite adaptar los programas y los fondos a las necesidades y potencialidades reales de cada territorio”.