Los militares reclaman incentivos y voluntariedad en el traslado de los 1.200 efectivos a Monte la Reina

El antiguo acuartelamiento de Monte la Reina, en Zamora, que se va a reabrir para luchar contra la despoblación y como esperanza para la provincia con la llegada de alrededor de 1.200 militares con unidades de artillería y zapadores del Ejército de Tierra, según se ha anunciado desde el Ministerio de Defensa, con una inversión de 20 millones de euros, sigue trayendo cola y ahora son los propios militares los que levantan la voz, no contra el proyecto, sino contra la forma de actuar del Gobierno de España, que no ha contado con ellos y sus necesidades y demandas.

Tal es así, que la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), que cuenta con más de cuatro mil militares asociados de los 127.000 existentes, ha informado este martes sobre la incidencia de este proyecto para los miembros de las Fuerzas Armadas, y por ello sus representantes reclaman a la ministra Margarita Robles que, en primer lugar, se cuente con ellos, y, después, que se ofrezcan incentivos a las unidades que se trasladarán al nuevo cuartel en el municipio zamorano de Toro.

La AUME recuerda que la recuperación de ese emplazamiento para uso militar no está justificada por cuestiones operativas sino por motivos de despoblación y advierte de que irán a la vía judicial si produce un traslado forzoso y no se ofrecen alicientes que permitan que haya “cierta voluntariedad” en el traslado.

También exigen que se garantice que los militares de artillería y zapadores tengan satisfechas las primeras necesidades básicas cuando cambien de destino, algo habitual entre los militares pero por otros motivos “inherentes a su trabajo” y por cuestiones de operatividad y no como es el caso de Monte la Reina que es por tema demográfico y de repoblación.

“Pedimos a la ministra Robles que siente a dialogar con las asociaciones de militares para intentar llegar a un acuerdo e encontrar un encaje que permita que la mayoría de los militares que lleguen a la zona, de los cerca de 1.200 que está previsto, lo hagan de forma voluntaria”, señala Jorge Bravo, secretario de Comunicación de AUME, que insiste en que ellos no están en contra del proyecto militar pero consideran que es “inconcebible” que no se haya tratado con las asociaciones profesionales ya que, en su opinión, esta iniciativa va en contra de la política de reunificación de unidades.

De hecho, alerta de la inquietud y zozobra que el anuncio de la reapertura del cuartel ha provocado entre las unidades de artillería y zapadores, que desconocen el asunto, y están pensando que les puede tocar a ellas.

La asociación advierte asimismo que acudirá al Defensor del Pueblo e iniciará acciones legales si no se les informa y se tiene en cuenta a las asociaciones profesionales como interlocutoras en ese proyecto militar, o si apreciaran “fraude de ley” en el traslado a Monte la Reina, al hacerse por motivos de repoblación y no de estrategia militar.

Además, Bravo exige una Ley de Movilidad Geográfica de Militares ya que estos están obligados al traslado de las unidades cuando lo acuerde Defensa pero no existe una normativa que establezca un marco legal sobre esos traslados.