Palencia es la tercera provincia con mejor índice de rendición de cuentas de los ayuntamientos de

Palencia es la tercera provincia de la Comunidad con mejor índice de rendición de cuentas de los ayuntamientos, donde el 77 por ciento de los municipios presentaron la cuenta de 2021, lo que se posiciona tres puntos por encima de la media autonómica, que se sitúa en el 74 por ciento. Salamanca, con el 82 por ciento, y Soria, con un 80 por ciento, son las que ofrecen los mejores datos en cuanto al cumplimiento de esta obligación, según los datos del Consejo de Cuentas.

Durante la celebración del Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León en el Ayuntamiento palentino de Aguilar de Campoo, el presidente del órgano, Mario Amilivia, señaló en declaraciones que se ha aprobado históricamente 258 informes, de los que 130 hacen referencia al sector público autonómico, 120 sobre el sector público local y ocho relativos al seguimiento de las recomendaciones realizadas a los entes fiscalizados, con un récord en el grado de aceptación de las realizadas en 2020, con ocho de cada diez.

El cumplimiento de las recomendaciones del Consejo, de carácter no vinculante, pone de manifiesto la “auctoritas del órgano de control externo”, al revelar por parte de la entidad fiscalizada una voluntad de mejorar la gestión y un compromiso con la transparencia. Además de estos 258 informes aprobados, el Consejo tiene otros 32 en elaboración, añadió.

Con relación al actual mandato del órgano de control externo, que se inició en 2019, Amilivia trasladó que, hasta la fecha, se han aprobado 85 informes, alcanzándose el año anterior 32, que supusieron un máximo anual de toda la serie histórica de la institución.

La previsión es concluir el presente ejercicio con otro récord de actividad. Además, durante el presente mandato, Amilivia ha comparecido en 31 ocasiones en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico para la presentación de informes, lo que representa el 36 por ciento sobre el total histórico de trabajos presentados.

Aguilar de Campoo

El presidente del Consejo de Cuentas aseguró que el ayuntamiento encabezado por María José Ortega “cumple ejemplarmente con la obligación de rendir la cuenta general dentro del plazo legalmente establecido”.

Apuntó que el resultado presupuestario del ejercicio 2021 ascendió a 1,8 millones de euros, con ingresos liquidados de 8,9 millones y gastos por importe de 7,1 millones. Su remanente de tesorería para gastos generales se cifra en 3,1 millones de euros y su endeudamiento se reduce a 82.000 euros, continuando la senda descendente de los últimos cinco años, desde los 2,3 millones que registraba en 2016.

Un total de 21 entidades locales menores dependen del Ayuntamiento de Aguilar, lo que representa casi el 10% de las existentes en la provincia (224). Sobre ellas, Amilivia recordó que no han rendido cuentas, aunque dichas entidades tienen autonomía propia para hacerlo, informa Ical.

Ordenación del Territorio

Por otra parte, el Consejo de Cuentas consideró necesario concluir la ordenación del territorio en el ámbito rural para avanzar en la implantación de las medidas previstas en dicha ley y recomendó a la Junta reorganizar las actuales mancomunidades ordinarias mediante su disolución o transformación en mancomunidades de interés general.

Recomendaciones que trasladó el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, durante la celebración de la primera jornada de trabajo realizada por el Pleno del órgano en el Ayuntamiento palentino de Aguilar de Campoo, donde se probó el informe del análisis de los efectos de la aplicación de la Ley 7/2013 de ordenación de servicios y gobierno del territorio de Castilla y León en la prestación de servicios por las entidades locales, así como el de la fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad correspondiente al ejercicio 2020.

Por ello, instaron a las Cortes a que deberían concluir la ordenación del territorio mediante la aprobación de la ley que incluya el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales, y recordaron que requiere una mayoría cualificada de dos tercios en el Parlamento autonómico a los efectos de concluir la ordenación.

Es un informe que ejerce una “llamada de atención”, porque se reclama una financiación que se fundamente en criterios como “la despoblación, envejecimiento y dispersión territorial”, al tener 2.248 ayuntamientos y cerca de 4.600 entidades locales menores en conjunto”, afirmó Amilivia en declaraciones a la Agencia Ical.

Dejó claro que la ley se aprobó en el ejercicio 2013 y “no parece razonable que no haya una prestación más eficaz y más cercana en la prestación de los servicios públicos”, de ahí que haya reclamado “un consenso de Comunidad”.

Y es que, el objetivo de esta norma es instaurar un nuevo modelo territorial con el fin de efectuar la ordenación del territorio y coordinar la prestación de los servicios autonómicos y locales. Un modelo que, mediante el fomento de asociaciones voluntarias de municipios, contribuya hacer más eficaz y eficiente la gestión de competencias municipales.

A través de esta ley, se pretende mejorar la cohesión territorial, impulsar una mayor cercanía en la prestación de servicios y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de todos los ciudadanos a los servicios públicos, independientemente de su lugar de residencia.

El informe concluye que en la actualidad el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio (UBOST) no ha sido aprobado, encontrándose solo definidas las áreas funcionales estables en el ámbito urbano y estando pendiente de concluir la ordenación del territorio en el ámbito rural.

También, que únicamente se encuentran declaradas cinco mancomunidades de interés general urbanas, como Valladolid y Alfoz; Benavente y Alfoz; Medina del Campo y alfoz; Zamora y Alfoz y León y Alfoz.

Subrayaron a Ical que, en Castilla y León, no se encuentra constituida ninguna mancomunidad de interés general rural debido a que no se ha aprobado aún el mapa de las UBOST, condición necesaria para su implantación. Por ello, se precisa para ello de una norma con fuerza de ley que requiere del apoyo de dos tercios de las fuerzas políticas de Castilla y León.