Un año de cárcel por cobrar unas obras que nunca llegó a hacer en Valladolid

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a un hombre, Josué S.J., a un año de prisión por un delito de estafa, cometido al dejar sin hacer unas obras de reforma en una vivienda, por las que cobró en distintos pagos 10.800 euros, sin que llegara a realizar estos trabajos.

La vista oral se iba a desarrollar este martes, aunque finalmente ha sido innecesaria su celebración, ya que el acusado se ha conformado con la imposición de la pena pactada entre fiscal y defensa.

Ante el acuerdo entre las partes, el magistrado presidente de la Sala ha adelantado el fallo de la resolución judicial, que conlleva la circunstancia agravante de reincidencia y la atenuante de reparación parcial del daño.

El encausado deberá indemnizar a la víctima con 4.200 euros más los intereses correspondientes y se ha declarado la nulidad del contrato para realizar las obras celebrado entre procesado y perjudicado.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2019, cuando la víctima contactó con el encausado a través del portal de internet Habitissimo para realizar una obra de reforma integral de una vivienda situada en Medina del Campo (Valladolid), según las conclusiones de la Fiscalía.

El encausado, quien fingió llamarse de otra forma y actuar a través de una empresa de Zamora, con la que no tenía vinculación alguna, acordó con la persona que iba a hacer la reforma que llevaría a cabo estas tareas por un precio de 25.000 euros y le remitió por correo electrónico un presupuesto.

La víctima entregó al acusado, en varios pagos, la cantidad total de 10.800 euros en efectivo, tras lo que algunos trabajadores se personaron cuatro días en la casa que se iba a reformar y comenzaron la obra, sin que después continuaran los trabajos de reforma.

Debido a esta situación, el afectado contactó con el procesado, quien puso varias excusas y se comprometió a continuar las labores el 20 de septiembre, aunque no se presentó.

Por este motivo y después de conocer que el acusado no tenía relación alguna con la empresa de Zamora sobre la que dijo que actuaba, quiso resolver el contrato y llegó al acuerdo de que el encausado le devolvería 5.200 euros, de los que sólo entregó mil euros.

Antes de llegar al acuerdo entre fiscal y defensa, el ministerio público hizo constar en sus conclusiones provisionales que el procesado fue ejecutoriamente condenado al menos en quince ocasiones, por estafa o apropiación indebida, en diversos organismos judiciales del País Vasco.

Antes de la sentencia de conformidad había solicitado la imposición de una pena de tres años y seis meses por un delito de estafa, además de una multa de 1.620 euros - nueve meses con cuota diaria de seis euros-.