Agentes de la Guardia Civil de Valladolid detuvieron a cinco personas y a la investigación de una sexta, con edades comprendidas entre los 22 y 23 años y procedentes de Santander, Navarra y Vizcaya, tras desarticular a un grupo criminal dedicado al robo de cable de cobre en la provincia. Los hechos esclarecidos engloban 4.530 metros de cable, equivalente a 5.270 kilos de cobre, con daños ocasionados que superan los 43.000 euros, según informaron fuentes del Instituto Armado.

Las actuaciones se enmarcan en la denominada Operación ‘Aguilaro’, cuya investigación se inició a raíz de varias denuncias presentadas por la empresa Telefónica, entre los meses de abril y mayo de 2025, tras detectar la sustracción de cableado aéreo de telecomunicaciones en distintos puntos de la provincia de Valladolid, especialmente en las inmediaciones de la autovía A-62. En total, se denunciaron cinco hechos delictivos ocurridos entre el 14 de abril y el 10 de mayo.

Ante la reiteración de los robos y el modus operandi empleado, los agentes sospecharon que se trataba de un grupo criminal organizado, con experiencia en este tipo de delitos. Las sustracciones se producían de madrugada, en zonas de difícil acceso y con abundante vegetación, lo que dificultaba la detección de los autores.

La Guardia Civil estableció dispositivos de vigilancia en puntos estratégicos, especialmente en el término municipal de Cabezón de Pisuerga. En la madrugada del 23 de abril, tras un salto de alarma por corte de cable, los agentes detectaron un vehículo sospechoso realizando labores de vigilancia. Al inspeccionar la zona, se localizaron 923 kilos de cobre apilado y preparado para su carga, así como escaleras telescópicas y herramientas de corte ocultas entre la maleza.

El cable intervenido, correspondiente a unos 800 metros de línea telefónica, fue valorado en 10.250 euros. En otro de los hechos investigados, los autores llegaron a cortar dos postes de madera para acceder al cableado, provocando daños en una finca privada.

Gracias a las primeras pesquisas, se logró vincular los vehículos utilizados con un grupo de individuos de nacionalidad extranjera, con domicilio en las provincias de Santander, Navarra y Vizcaya. Se comprobó que los vehículos estaban registrados a nombre de terceras personas para dificultar su identificación.

Modus operandi

El grupo se desplazaba desde sus lugares de residencia hasta la provincia de Valladolid en vehículos de gran capacidad. Actuaban de madrugada, con un claro reparto de funciones: unos accedían al cableado mediante escaleras telescópicas y realizaban los cortes, mientras otros vigilaban los alrededores para detectar la presencia policial.

El cable era segmentado en tramos pequeños, desprovisto de su funda plástica y cargado en las furgonetas. Posteriormente, lo trasladaban a centros de reciclaje para su venta inmediata, obteniendo así un beneficio económico rápido y difícil de rastrear.

Las zonas elegidas para actuar eran preferentemente áreas rurales o de monte bajo, donde las líneas de telecomunicaciones discurren por terrenos poco transitados, lo que facilitaba la ocultación durante la ejecución de los robos.