La Junta exige a Óscar Puente que no cierre ninguna línea de autobús durante el traspaso de competencias

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, exigió al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que no cierre ninguna línea de autobús durante el traspaso de competencias, después de que el departamento dirigido por Óscar Puente pidiera ayer a los gobiernos autonómicos que definan y ejecuten antes del 15 de septiembre el nuevo mapa concesional de líneas de autobús, “ofreciendo financiación y garantizando todas las paradas”, para decidir si asumen la gestión de estas rutas, ya que si no aceptan, “los servicios seguirán siendo gestionados por el Estado”.

Al respecto, el también consejero de Economía y Hacienda apeló al “diálogo y no a la imposición” del Ejecutivo en el marco de esta negociación. “Un proceso de asunción de competencias siempre lleva una negociación para llegar a un punto de acuerdo, no una imposición. Hemos asumido competencias importancias, como Sanidad, pero nunca impuestas. Tiene que haber siempre una financiación adecuada para la misma”, explicó Fernández Carriedo.

En este sentido, el portavoz reclamó al Ejecutivo central que “se mantengan todas las líneas y paradas como están ahora”, con “todos los puntos actuales y localidades con paradas”. Al respecto, advirtió de que ya “ha empezado ya a disminuir el servicio de transporte por ferrocarril, con algunas paradas”, en relación a Sanabria, Medina del Campo y Segovia, “y ahora parece que plantea las de autobuses que gestiona hasta ahora”. “Nos oponemos a ello. Hay que gestionarlas como hasta ahora”, incidió.

El consejero rememoró el traspaso de las competencias de Sanidad, asumidas por la Comunidad el 1 de enero de 2002, pero que “hasta el día antes fueron gestionadas por el Gobierno”. “Aquí debe ser fruto de un acuerdo y garantizando, la administración competente en cada momento, la gestión hasta el último día. Aquí se dice una cantidad, un plazo, pero no se establece un mecanismo de diálogo. Lo tiene que gestionar y le pedimos que no cierre ninguna línea de bus que sea actualmente de su gestión”, reiteró Fernández Carriedo.

Caso Pollán

Por otra parte, el portavoz de la Junta reprochó al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, que haya publicado en una red social el orden del día del Consejo de Gobierno, antes y durante su celebración, una actuación del jefe del Legislativo que calificó de “no adecuada”, al ser un documento propio del funcionamiento interno de la Administración autonómica. En este sentido, aseveró que la publicación de este escrito antes de que concluyera la reunión de los consejeros “puede afectar a los derechos de los ciudadanos” y avanzó que la Junta analizará las consecuencias de haber publicado este documento interno de trabajo, que pueden afectar a los derechos de algunos ciudadanos.

Fernández Carriedo aclaró que a ese documento tienen acceso algunos empleados de la Administración autonómica y puso el foco no en las personas que tienen acceso al mismo sino a las consecuencias que se derivan de su utilización y su publicación en una red social.

“A este documento no tiene acceso aquellos que no forman parte de la administración autonómica e independientemente de que alguien por razón de cualquier circunstancia haya tenido acceso a los mismos, lo que no es razonable es su publicación en una red social. Es un documento interno de la administración que puede afectar a derechos de conjunto de los ciudadanos porque forman parte de ese orden del día", explicó.

Asimismo, recordó que tras la celebración del Consejo de Gobierno la Junta publica el contenido de los acuerdos y el orden del día con la mayor transparencia, pero lo que no hace es publicar los debates y deliberación de los asuntos que se tratan. “Nos llama la atención que quién lo publica no forma parte de la Junta y tampoco tendría que tener acceso a la documentación, pero aunque tuviera acceso, es una documentación que no está pensada para publicar en una red social con carácter previo a la reunión del órgano de deliberación que va a tratar esos asuntos”, indicó.

El portavoz de la Junta se refirió también a la petición del presidente de las Cortes respecto a que la Junta transfiera los 11,6 millones de euros que adeuda. Al respecto, recordó que la Junta espera recibir en “un plazo razonable” los incrementos de las cantidades que corresponde al sistema de financiación autonómica por parte del Gobierno central relativo al año 2025, ya que actualmente percibe la misma cantidad que el año 2023, ejercicio en el que se aprobó el último Presupuesto del Estado.

Recientemente, recordó, el Gobierno aprobó un Decreto Ley para actualizar la financiación de las comunidades autónomas, y por ello esperan recibir los más de 600 millones de euros que adeuda en términos de Tesorería a Castilla y León.

En este contexto, señaló que el Gobierno autonómico eligió pagar los gastos relacionados con la vida de la gente, y recordó que sí realizó una transferencia a las Cortes relativa a los gastos del primer trimestre del año.

Por último, recordó que el remanente de las Cortes se verá mejorado este 2025 por la aportación que ya hizo la Junta para sufragar alguno la celebración del Día de la Comunidad, que anteriormente pagaba la Fundación Villalar, y agregó que espera que el Gobierno transfiera la inversión que adeuda para el funcionamiento regular de Tesorería y poder así sufragar de forma inmediata lo que adeuda a las Cortes, informa Ical.