
Política
PP y oposición se enredan con la ley de Publicidad Institucional
Los populares estudian recurrir ante el Tribunal Constitucional

El Partido Popular estudia presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional después de conocerse de que un informe jurídico en las Cortes de Castilla y León haya dado por buenas ocho enmiendas a la proposición de ley de Publicidad Institucional. Así lo ha avanzado el portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Ricardo Gavilanes, quien ha expresado el respeto al informe emitido por el letrado, aunque mantiene que esas ocho enmiendas pueden ser inconstitucionales por no atenerse a normas nacionales, como la de contratos del estado o la publicidad institucional.
Es por ello que emplazaba a conocer esta decisión del Constitucional antes de comunicar los ponentes para la tramitación de la proposición de esta norma, que fue impulsada por el procurador de Podemos, Pablo Fernández, y a la que se han presentado un total de 38 enmiendas de los grupos de la oposición.
Tanto desde el Grupo Mixto, con Francisco Igea y Pablo Fernández, como desde Vox, con David Hierro, se ha tildado de «demoledor» dicho informe, y se han mostrado convencidos de que la aprobación de esta norma, con las enmiendas, será motivo para que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco adelante las elecciones, mientras que la portavoz socialista, Patricia Gómez, no quiso entrar en si será o no así, aunque asumió que al jefe del Ejecutivo regional, no le gusta esta iniciativa a debate en las Cortes regionales.
Gavilanes rebatió las críticas de que se retrase la tramitación y ha subrayado que se convocó la mesa para calificar las enmiendas, aunque afeó la falta de «cortesía parlamentaria» al no aceptar la prórroga solicitada por su grupo para poder presentar las suyas.
Una proposición que recoge la prohibición de contratar cualquier tipo de campaña de publicidad o comunicación institucional con medios de comunicación social que hayan sido condenados en sentencia firme de forma reiterada a rectificar informaciones inexactas, por vulnerar el derecho al honor y a la intimidad y la propia imagen de las personas o por delitos de odio, tanto el caso en el que hayan sido directamente condenados como si esta condena recae en trabajadores y colaboradores.
Por otra parte, el portavoz de los populares, Ricardo Gavilanes, ha rechazado la falta de «cortesía parlamentaria» por el hecho de presentar candidatos a las mesas de dos comisiones de las Cortes y no respetar el reparto de representatividad en este órgano de dirección.
El Grupo Socialista se ha quedado sin presencia en las mesas de las comisiones de Economía y Hacienda y de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, y que ahora se encuentran formadas por dos representantes del Partido Popular (presidente y secretario) y uno de Voz (el vicepresidente).
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