El PSOECyL acusa a la Junta de "hacerse un Montoro" con orden que unifica alquileres

El PSOE de Castilla y León estudia llevar al Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia la orden de la Junta publicada el pasado 1 de agosto por la que se regula el precio de venta y alquiler de las viviendas protegidas, al entender que legitima "cobros presuntamente ilegales" que las empresas han realizado a sus inquilinos a lo largo de los últimos años en viviendas de protección pública.

Así lo avanzaba este miércoles la secretaria de Vivienda del PSCyL, Ana Casado, quien acusaba a la Junta de gobernar de “espaldas a los ciudadanos” y de hacerlo en favor de las grandes promotoras y los fondos de inversión.

"Suárez-Quiñones se ha hecho un Montoro”, decía Casado, para quien esta orden de la Junta es "injusta", y recordaba que su partido ya denunció que las últimas dos órdenes en materia de regulación de precios, tanto en máximos de venta, como de referencia para el alquiler, subían un 40 por ciento. "Pero con esta nueva orden se dan una vuelta más”, advertía.

Casado ha explicado que el pasado 1 de agosto el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó la orden MAV/800/2025, de 10 de julio, que unifica los regímenes para la determinación de los precios máximos de venta, adjudicación y de referencia para el alquiler en la Comunidad, una norma que a su juicio "no es justa en absoluto", ya que se cobran arriendos por encima de máximo legal que establecen los planes estatales en esta materia.

En concreto, criticaba el punto 5 del artículo 2, ya que en su opinión "da legitimidad a cobros presuntamente ilegales que las empresas han realizado a sus inquilinos a lo largo de los últimos años en viviendas de protección pública", y busca dar seguridad jurídica a la instrucción de la Junta publicada en 2022, que no era de obligado cumplimiento y generaba "inseguridad jurídica".

La socialista consideraba que el Ejecutivo autonómico establece un "cálculo inventado" en materia de alquiler que resulta "incompatible" con los planes estatales que regulan las viviendas protegidas y que trascienden a las competencias transferidas a las autonomías, lo que ha ejemplificado con un caso hipotético de una casa de 90 metros cuadrados, con garaje y con trastero.

Según el plan cuatrienal 2005-2008, ha explicado, se tendría que alquilar en 610,34 euros, mientras que con los baremos recogidos en la orden del 10 de julio su precio pasaría a ser 842,69 euros (232,35 euros más al mes a favor del arrendador), lo que beneficiaría "a las grandes promotoras y los fondos de inversión", que con una promoción de 50 viviendas "se estaría embolsando 140.000 euros al año".

"Se están subiendo los precios de alquiler de manera salvaje, solamente lo pagan los ciudadanos de Castilla y León y benefician a las empresa", afirmaba, tras señalar "que las familias que pagan el alquiler son familias con dificultades para llegar al final de mes que pagan su alquiler rigurosamente, pensando que una administración - en este caso la Junta de Castilla y León - vigila el procedimiento".

Según explicaba, la nueva orden unifica los precios de las distintas tipologías de la viviendas de protección pública y provoca que en capitales de provincias como Valladolid, Salamanca, Segovia, León y Burgos los precios, tanto de venta como de alquiler, suban un 8,87 por ciento, mientras que Ávila, Zamora, Palencia y Soria la subida, “de un día para otro” es del 23,8 por ciento.

Por ello, pedía al cnsejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que explique qué modelo de vivienda plantea y a quién la dirige, cuando en la Comunidad las viviendas protegidas son más caras que las del mercado libre. “Está claro que las viviendas protegidas de esta comunidad no están destinadas a familias humildes”, aseguraba la dirigente socialista Casado, que también acusaba al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, de ser el principal especulador de la Comunidad.

“Esta mala prácticas de adaptar órdenes e instrucciones ‘ad doc’ para favorecer a empresas tiene un parecido más que razonable con el caso Montoro que ahora investiga la justicia. Si es cierto que en este caso no sabemos aún qué beneficio puede sacar el gobierno del PP de la Junta”, finalizaba.