Recomiendan al ICE "extremar" los controles sobre los avales vencidos a empresas en concurso de acreedores

El Consejo de Cuentas de Castilla y León recomienda a la Junta, en su fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad ejercicio 2021, que el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) “extreme” los controles sobre los avales vencidos cuyos avalados se encuentran en concurso de acreedores. Al respecto, traslada que incluya en la memoria de sus cuentas anuales "la información necesaria de la situación de estos avales y las medidas adoptadas al respecto”.

El órgano fiscalizador aporta en su trabajo, remitido a las Cortes, 69 conclusiones, que dan lugar a ocho recomendaciones, seis menos que en la Cuenta de 2020. Entre ellas, también destaca que la dotación de los créditos en la elaboración de los presupuestos “debe tener en cuenta el importe de los gastos pendientes de imputar de ejercicios anteriores”, así como que la Intervención General de la Comunidad debería disponer de una instrucción o procedimiento para precisar el registro de las distintas operaciones relacionadas con la cuenta 413 Acreedores por operaciones devengadas (las facturas pendientes).

Asimismo, el Consejo de Cuentas expone que la Administración autonómica debería determinar reglamentariamente la tramitación de las modificaciones presupuestarias que afecten a dos o más entidades. El informe recogido por Ical, traslada también que la Gerencia Regional de Salud debería completar la documentación justificativa a incorporar en los expedientes de gastos de personal, además de regular el procedimiento para la confección de la nómina.

La fiscalización del Consejo de Cuentas se refiere a un presupuesto definitivo de gastos, cifrado en 12.918 millones de euros, que aumentó un dos por ciento respecto del ejercicio anterior, después del incremento del 13 por ciento experimentado en 2020 con la aportación del Estado de recursos adicionales por la pandemia Covid. El endeudamiento del sector público de la Comunidad llegó en 2021 a 13.215 millones, con un crecimiento interanual del dos por ciento.

El organismo fiscalizar asegura que la Cuenta General de la Comunidad se presenta, con carácter general, “de acuerdo con los principios y normas contables que le son de aplicación” y refleja “de forma fiable” la actividad económico-financiera de la misma, excepto por los incumplimientos recogidos en seis conclusiones.

En concreto, afirma que existen obligaciones pendientes de imputar al presupuesto de 2021 por importe de 32 millones de euros, disminuyendo el 48 por ciento respecto a 2020 lo que “afirma la tendencia descendente”.

Asimismo, comenta entre sus conclusiones que la Comunidad sigue sin tener implantado un registro de inventario que recoja todos los bienes y derechos que integran su patrimonio, “incumpliéndose el marco financiero aplicable”.

Además, el informe remarca que los entes sujetos a contabilidad pública “no utilizan las cuentas de ingresos y gastos imputados a patrimonio neto y, por tanto, tampoco se reflejan los movimientos en el estado de cambios de patrimonio neto” incumpliendo lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública de Castilla y León.

Esta institución propia de la Comunidad, también incide en que cuatro entidades, la Junta, la Gerencia Regional de Salud, la Gerencia de Servicios Sociales y el Servicio Público de Empleo tienen saldos pendientes de contabilizar, correspondientes a las liquidaciones a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, por un importe total de 22 millones de euros. Por parte de la Administración se declaró que “se encontraban saldados en 2022”.

El análisis fiscal explica asimismo que la Administración autonómica ostenta el control del Consorcio para la Promoción, Desarrollo y Gestión del Proyecto Regional del “Parque Empresarial del Medio Ambiente” que “debe formar y rendir sus cuentas para su inclusión en la consolidación de la Cuenta General”.

Por último, explica que las cuentas rendidas del Consorcio para la Gestión del Palacio de Congresos de Salamanca no están formadas con arreglo al plan contable de la Junta de Castilla y León, a la que está adscrita.