El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación el Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, protagonizaba esta tarde en Bruselas sobre la convivencia entre el lobo y la ganadería, que llega en una semana clave, por cuanto el comité permanente del Convenio relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural de Europa, conocido como Convenio de Berna, decidirá si acepta rebajar la protección al lobo.

Durante su intervención, el consejero metía presión a Europa para que rebaje la protección del lobo y advertía del grave perjuicio que la inclusión de este animal en 2021 en la lista de especies protegidas «por dogmatismo cultural», decía, está provocando en la ganadería ya que las indemnizaciones no cubren todo el daño que se hace.

De hecho, aseguraba que el Gobierno amplió el estatus de protección del lobo a la zona del norte del Duero, a pesar de que la legislación europea permitió mantenerlo en simplemente “protegido” por ser una zona “excepcional” con más manadas de lobos que en el global del territorio europeo.

Según explicaba el consejero, este decreto ley aprobado por el Gobierno el 2021, para la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres de Protección Especial (Lespre) “provocó la indignación de diferentes comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y el PSOE”. También acusaba al Gobierno de “radicalismo” y de “dogmatismo” en materia de protección del lobo y lo contrastó con el hecho de que las comunidades autónomas, incluso las gobernadas por ejecutivos socialistas, optaron por “luchar por su territorio” y con base a la “realidad”.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció en julio pasado que el lobo no puede ser declarado como especie cazable en una parte del territorio de un estado miembro cuando su estado de conservación a nivel nacional es “desfavorable”.

«Es una cuestión de supervivencia para el medio rural», apuntaba, mientras señalaba que solo el pasado año murieron más de cinco mil cabezas de ganado en la comunidad por culpa de los ataques de lobos.

Suárez-Quiñones alertaba de que Castilla y León tiene más lobos que toda Francia y recordaba que según el último inventario, las manadas han crecido en España un 12 por ciento hasta superar las 330 desde que el Gobierno de Sánchez decidió proteger al lobo.

Se espera que la modificación del estatus del lobo salga adelante aunque los estados miembros aún podrían mantener la protección si lo desean, por lo que los ganaderos de la comunidad temen que la nueva ministra Sara Aagesen procederá así en España.