La Generalitat interviene la residencia Mossèn Vidal i Aunós de Barcelona

La conselleria de Salud ha intervenido la residencia Mossèn Vidal i Aunós, del distrito de Sants-Montjuic de Barcelona, ante “la falta de recursos” por parte de la entidad gestora para atender a los residentes en el marco de la pandemia de coronavirus.

Con esta, la Generalitat ya ha intervenido once centros residenciales, y ha encargado temporalmente la gestión del último -que se encuentra al 52,6% de su capacidad- a la Fundació Vella Terra, según han explicado fuentes del departamento.

El inminente retorno de los pacientes hospitalizados -una parte de sus residentes había sido derivada a centros hospitalarios- ha propiciado el cambio de gestión ante la dificultad “para atender el nuevo volumen de personas”.

De esta manera, aparentemente y al contrario que en otras residencias intervenidas hasta el momento por la conselleria de Salud, no se trata de un caso de negligencia o malos tratos, sino de falta de material y de recursos, aunque se tendrá que investigar.

Actualmente, la Fiscalía sigue investigando penalmente 25 residencias en Cataluña por su actuación durante la pandemia de coronavirus, todas en la provincia de Barcelona excepto una, en Tarragona, mientras que no se han abierto diligencias penales en Lleida ni Girona.

Dirige 10 investigaciones, una a raíz de la denuncia de un particular, mientras que, en la misma provincia, la Fiscalía de área de Granollers investiga cuatro residencias, hay otras cinco en Sabadell, dos en Terrassa, dos en Mataró y una en la zona de Manresa-Igualada.

Se ha archivado una investigación a una residencia del área de Vilanova i la Geltrú-Gavà (Barcelona), y siguen las diligencias penales sobre un centro en Tarragona.

Además, están abiertos dos procedimientos judiciales en el Vallès Occidental, en la provincia de Barcelona: uno a raíz de una denuncia de un particular a una residencia de Sabadell por desatención y falta de tratamiento.

El Juzgado de Instrucción 4 de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) también abrió diligencias a raíz de una denuncia por los presuntos delitos de falsedad en documento oficial y omisión del deber de socorro.