Una plataforma de afectados por coronavirus demandará a la Generalitat por la gestión en las residencias

La asociación anuncia que reclamará una posible responsabilidad patrimonial de la Administración y baraja iniciativas similares en el resto de España

Bomberos de Barcelona realizan trabajos de desinfección en una residencia de Barcelona durante la crisis sanitaria del coronavirusAlejandro GarcíaEFE

La asociación Plataforma Afectados Coronavirus ha anunciado su intención de demandar a la Generalitat de Cataluña por su responsabilidad patrimonial en la gestión de la pandemia sanitaria del coronavirus. En una rueda de prensa online, el impulsor de la misma, Ángel Juárez, que ha perdido a su madre, ingresada en una residencia del barrio del Clot (Barcelona), por el Covid-19, ha asegurado que su intención es aglutinar a los cientos de afectados que, según asegura, se han dirigido ya a la plataforma en busca de información. Será él mismo quien dé el primer paso y presente esa demanda a través del despacho Cremades&Calvo-Sotelo, que ofrecerá asesoría jurídica gratuita a esta plataforma. Uno de sus letrados, Alberto Ruiz Ojeda, ha admitido no obstante que “es difícil armar con fundamento una acción penal”, dado que para ello es preciso “demostrar la relación de causalidad entre el daño producido y una concreta actuación”, aunque “cada caso es cada caso”, ha matizado.

Juárez ha descrito el “caótico” panorama que vivió en la residencia en la que se encontraba su madre ingresada, donde el médico del centro estaba infectado y no había suplente. “No se puede entender que solo haya un médico y esté de baja y dos enfermeras tengan que estar tomando la temperatura a todos los ancianos. No se habían hecho los test, estaban a la espera y al final decidieron comprarlos a nivel privado”. Además de su madre, ha recordado, en esa misma residencia fallecieron otros once ancianos días después. Asimismo, ha hecho hincapié en que de los más de 18.000 muertos en estos centros de mayores, 3.425 corresponden a Cataluña.

El impulsor de esta iniciativa ha denunciado que estos ancianos “no se han muerto con dignidad” y su fallecimiento se ha producido “en el más completo silencio y aislados”, un trato que ha calificado como “absolutamente inhumano”. “Hay que investigar”, ha recalcado, y “reivindicar su memoria”.

Juárez ha insistido en que las consultas que se articulan a través de la web de la plataforma, www.afectadoscoronavirus.org, “van a ser totalmente gratuitas”. “No va a costar absolutamente nada. Es una iniciativa de solidaridad”.

“¿Por qué ha habido tantas muertes en las residencias?”, se pregunta. “Vamos a empezar con la Generalitat, que es la que tiene competencias en Cataluña. Y dentro de unos días probablemente sea Madrid o Extremadura, para esclarecer qué ha fallado y pedir responsabilidades, no solo en el ámbito contencioso-administrativo, sino también penales”, ha avanzado. Eso sí, ha reconocido que “es complicado” que fructifique la vía penal, aunque “eso no quiere decir que no se tenga que investigar. Lo que no podemos es sentarnos y pensar que no vale la pena”.

El abogado Alberto Ruiz Ojeda ha asegurado que la función del despacho es “orientar a los damnificados sobre los mecanismos jurídicos y qué viabilidad pueden tener las acciones legales que procedan”. “No basta con protestar, sino que se trata de definir cursos legales de actuación”, ha subrayado. “No hemos iniciado formalmente ninguna actuación. Hay que analizarlo con detalle”, ha explicado antes de precisar que “más que una demanda sería una reclamación en vía administrativa”, para cuya interposición -ha recordado- el plazo para exigir una indemnización es de un año.

Por su parte, otro de los portavoces de la plataforma, Abraham Granadino, ha explicado que han recibido “consultas de todo tipo” de afectados, también de familiares de víctimas. “Nuestra intención es dar dignidad y justicia a estas situaciones. Se están estudiando todos los casos para orientarles e informarles”, ha añadido. Eso sí, ha recalcado que la plataforma “no tiene ninguna intencionalidad política” y que su único objetivo es “informar y estar al lado de los ciudadanos”.

Según los últimos datos facilitados por el Ministerio Público, la Fiscalía mantiene abiertas una treintena de diligencias penales en las que se investigan posibles comportamientos delictivos en residencias de Cataluña, la segunda comunidad autónoma en número de casos por detrás de Madrid.