La Audiencia de Barcelona desaloja a un inquilino vulnerable pese a su discapacidad y desempleo

La Audiencia Provincial de Barcelona ha estimado parcialmente el recurso de apelación presentado por la sociedad Inmo Criteria Arrendamiento III SLU, revocando la decisión del Juzgado de Primera Instancia que había desestimado previamente la demanda de desahucio. La resolución afecta a un contrato de arrendamiento de una vivienda situada en L’Hospitalet de Llobregat, suscrito el 30 de septiembre de 2015, cuya vigencia se prolongó excepcionalmente hasta el 31 de marzo de 2022 debido a las prórrogas extraordinarias aplicadas durante la crisis sanitaria.

Durante ese tiempo, la parte arrendadora envió dos comunicaciones formales mediante burofax, ofreciendo la posibilidad de renovar el contrato. Ante la falta de respuesta del arrendatario, se inició un proceso judicial reclamando la desocupación del inmueble y una indemnización por impagos.

En su defensa, el inquilino alegó haber cumplido sus obligaciones contractuales, depositado judicialmente las rentas reclamadas y atravesar una situación de especial vulnerabilidad, acreditando una discapacidad del 67 %, situación de desempleo y percepción de una ayuda mensual de 460 euros del SEPE.

Tras analizar el caso, la Audiencia Provincial valoró tanto el respeto de los plazos legales por parte del arrendador como la falta de documentación que acreditara una renovación expresa del contrato. El tribunal acordó declarar extinguida la relación arrendaticia, ordenar el desalojo del inmueble, advertir de la posibilidad de lanzamiento en caso de incumplimiento, y disponer un reparto equitativo de los gastos judiciales.