La cuarentena de Juliana: “Éramos 11 en un piso, no había modo de encontrar trabajo y alimentar a los niños”

“No han sido meses fáciles en los hogares que acompañamos. Esperamos poder explicar por qué han sufrido tanto las personas que atendemos en Cáritas durante la pandemia”. Con esta reflexión arrancaba esta mañana la presentación de la memoria de 2019 y las previsiones para 2020 que Cáritas Diocesana de Barcelona expone cada año coincidiendo con la festividad de Corpus Christi. La irrupción de la crisis de la COVID-19 ha sido tan despiadada que ha obligado a la entidad a reestructurar su acción social en pocos meses y ha alertar de que las desigualdades que han visto durante la pandemia “nos conduce a una crisis social sin precedentes”. Entre abril y mayo, la entidad ha atendido a 10.710 personas, algo más del doble de las personas que atendió en el mismo periodo hace un año. Pero lo que más preocupa al director de Cáritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, es que el 54% de los hogares que han pedido ayuda básica para comer o pagar la vivienda no se habían dirigido antes a la beneficiencia. “Son familias que nunca nos habían pedido ayuda y que tras agotar los pocos ahorros que tenían, y recurrir a familiares o amigos, se han visto en la necesidad de llamar a nuestra puerta", ha comentado Busquets.

El parón de la actividad económica ha hecho que muchas personas hayan perdido un trabajo que dependía de la economía sumergida -cuidadoras- o de empleos temporales. También hay familias que aún no han cobrado los ERTO y esto se traduce en que uno de cada cuatro hogares atendidos se han quedado sin ningún ingreso. Es el caso de Rosalía. Se separó tras aguantar malos tratos. Y ahora, con cuatro hijos a cargo aceptaba trabajos que le permitían conciliar, pero la COVID-19 le ha dejado sin ingresos. Busquets constata que las situaciones que han atendido delatan la debilidad del sistema de protección social. Los hogares con pobreza severa (aquellos que tienen unos ingresos inferiores a los 457 euros al mes), han aumentado 20 puntos porcentuales, hasta el 67%.

“Hacía años que no veíamos un aumento tan grande que necesita ayuda para comer”, ha subrayado. Las ayudas para comer se han multiplicado por tres y por dos las ayudas para pagar la vivienda.”No estamos hablando de que no puedan pagar la hipoteca, como en 2008, o que no puedan pagar el alquiler, como en 2013-2014, es que ahora están viviendo en habitaciones de realquiler", ha explicado. "Nos ha sorprendido la cantidad de gente que vive en habitaciones realquiladas con varias personas”, ha admitido.

Un confinamiento con 11 personas en un piso de Bellvitge

Gente como Juliana. Huyó de Perú hace tres meses de una historia de violencia, “después de que su hermano sufriera un accidente”. Vino con su su hijo Cayetano, de seis años, los hijos de su hermano y una nieta. “Lo vendimos todo para empezar desde cero. No fue nada fácil dejar un trabajo, la familia, los amigos y llegar aquí y darte de bruces con una realidad que no es la que te dicen. En un país como este sin documentos no existe”, dice. “Hemos vivido una situación penosa. No había manera de encontrar trabajo y alimentar a los niños”, cuenta.

Juliana ha vivido el confinamiento en el piso de su prima Karen, en Bellvitge. “Éramos once. Por la mañana hacíamos cola para ir al lavabo, algunos parientes dormían en el suelo, en colchones o en el sofá de comedor”, explica. Hacían turnos para comer y aunque admite que han vivido momentos de angustia, “por suerte la convivencia es buena y nos hemos unido como familia”. El momento más difícil fue cuando su sobrina, que estaba embarazada tuvo pérdidas. Llamaron a la policía, a los bomberos y al Ayuntamiento, pero nadie les fue a ayudar. Temían por la vida de la joven. Finalmente, contactaron con su trabajadora social de Cáritas, Imma, que en pocos minutos logró que una ambulancia auxiliara a la joven.

La crisis de 2008 no estaba resuelta

El Cardenal Arzobispo Joan Josep Omella llama a tomar el ejemplo de la historia de Juliana para recuperar el sentido de comunidad. “Existe esperanza solo si la administración y la sociedad trabajan juntos". Omella no esconde su preocupación por el futuro. “Veníamos de una crisis social no resuelta y la COVID-19 sólo ha hecho que agravar la débil situación en la que nos encontrábamos”, ha confirmado Miriam Feu, responsable de análisis social e incidencia de Cáritas Diocesana de Barcelona. Después de seis años de aparente recuperación económica, en 2019 todavía estábamos lejos de superar la situación de crisis social. Y la muestra es que en el último año se atendieron 16.638 hogares (32.729 personas), un 26% más respecto a 2018. Feu ha constatado también que las personas atendidas sin un hogar digno (habitaciones de realquiler, acogidos con familiares o amigos, acogidos en entidades sociales, ocupando o sin vivienda) pasaron del 59% (2018) al 66% (2019). Asimismo, en el ámbito laboral aumentaron un 5% las personas atendidas en situación de desempleo o que trabajaban en la economía sumergida, pasando del 83% al 88%. Solo un 9% de las personas atendidas por Cáritas Barcelona durante 2019 tenía trabajo, pero siempre precario (contratos de pocas horas, sueldos bajos, elevada temporalidad o parcialidad involuntaria).

También ha destacado que las personas atendidas en situación irregular han crecido en 10 puntos porcentuales, de un 34% a un 44%. “La mayoría de estas personas huyen de situaciones de conflicto en sus países de origen, principalmente Honduras, Colombia, Perú y Venezuela, y aquí han encontrado una situación que no esperaban, truncando sus expectativas de futuro”, ha lamentado.

Los deberes de las administraciones

Busquets, que en 2008 estaba al frente de Arrels, entidad que atiende a personas sin techo, tiene la percepción de que “esta crisis es mucho más dura y extensa”. Una vez más, Cáritas pide a las administraciones que garanticen los derechos humanos básicos fortaleciendo las políticas públicas. Apoya el Ingreso Mínimo Vital pero reclama que cubra a todos los que lo necesitan y que sea compatible con otras prestaciones. También pide agilizar y permitir el empadronamiento para que todas las personas tengan acceso a una ayuda. Y una vez más, insiste en que esta crisis vuelve a aflorar las carencias de España en vivienda pública.