La CUP avala el preacuerdo con ERC y votará a favor de la investidura de Aragonès

Esta vez no ha habido giro de guion de última hora en Cataluña: la CUP avala el preacuerdo alcanzado con Esquerra y apoyará mañana con nueve votos afirmativos la investidura de Pere Aragonès, pendiente aún de los 32 diputados de Junts. Eso sí, lo hace con un aviso claro a los republicanos: “Hay elementos demasiado blandos. Esto no es un cheque en blanco, es un punto de partida, no un punto de llegada”.

Pese a la advertencia, CUP ha decidido dejar las medias tintas para otro momento y este viernes sus nueve diputados votarán “sí” a Pere Aragonès en el primer debate de investidura que se celebrará en el Parlament. ERC, por tanto, cuenta ya con 42 apoyos, sus 33 escaños y los restantes de la formación antisistema. “No entenderíamos que Junts no se sumara”, ha avisado la portavoz del partido Eulàlia Reguant, quien no ha dudado en presionar a la formación de Puigdemont horas antes de que empiece el pleno de investidura en la cámara. Eso sí, los antisistema advierten de que cualquier alianza con Junts tiene que incluir el preacuerdo suscrito entre ellos y ERC.

¿Y quiere decir esto que la CUP entrará en el Govern? La formación antisistema asegura que se trata de un preacuerdo solo de investidura, que “no tiene la profundidad” que debería tener y que la posible entrada en un Ejecutivo sería un aspecto que el partido tendría que volver a debatir internamente.

El contenido del pacto: ERC, con margen hasta 2023

El preacuerdo hecho público por sorpresa el domingo entre republicanos y antisistema para presionar a Junts incluye varios elementos destacados: suprimir el uso de proyectiles de foam por parte de los Mossos d’Esquadra mientras no se aborda en el Parlament un cambio en el modelo de seguridad; «preparar» la celebración de un referéndum de autodeterminación; dar viabilidad a la mesa de diálogo entre ERC y el Gobierno hasta 2023; una cuestión de confianza al Govern Aragonès que garantiza a la CUP el mando de la legislatura y poder tumbar al president en dos años; y un plan de choque social.

Una legislatura en “dos velocidades” -término que ha acuñado hoy la propia portavoz antisistema, Eulàlia Reguant- que da cierto margen a la vía centrada en el diálogo de Esquerra mientras el independentismo pone fecha al “nuevo embate” contra el Estado: 2023. Es decir, el plazo es de dos años antes de un nuevo 1-O.

Toda la presión hacia Puigdemont

La posición de la CUP no ha sido unánime en este sentido: el precuerdo alcazado con ERC ha sido apoyado por el 59% de los 1.400 militantes que ha participado en las asambleas internas convocadas. Sea como fuere, lo cierto es que esta vez el debate termina aquí y la pelota pasa a estar en el tejado de Puigdemont. Los 32 de Junts son claves y los postconvergentes redoblan sus exigencias y reclaman más poder para el expresident a través del Consell per la República, un ente privado que dirige desde Waterloo y con el que quiere mantener el mando del “procés”.

De hecho, este último aspecto se ha convertido en el gran escollo entre postconvergentes y republicanos: Junts quiere un papel predominante para el organismo y en Esquerra recelan, defienden que la batuta la tiene que llevar la Generalitat en su totalidad y apuestan por un foro entre partidos y entidades –con Òmnium y la ANC– como el de la anterior legislatura o bien “reformular” el ente de Puigdemont, que los republicanos tildan de “partidista”.

El Consell per la República “tiene que tener su papel”, y también el expresident desempeñando “funciones internacionales”, pero la Generalitat “no tiene que estar condicionada por este órgano”, advirtió esta semana la “número dos” de Pere Aragonès, Laura Vilagrà reconociendo así la influencia de Puigdemont y su papel en las negociaciones. Y es que, con Aragonès al frente del Ejecutivo, Puigdemont busca mantener el foco.