El juez señala que “no vio indicadores de riesgo” en el caso del desahucio mortal

El magistrado Roberto García Ceniceros, coordinador de los juzgados de primera instancia de Barcelona, ha explicado hoy que no existía “ningún indicador de riesgo” que pusiera sobre aviso al juzgado que ordenó el desahucio del vecino que se suicidó el pasado lunes en el barrio barcelonés de Sants para frenarlo.

Así lo ha señalado este viernes durante la presentación de la “Memoria Judicial 2020”, del Decanato de Barcelona, que ha coincidido con el cruce de reproches entre el Ayuntamiento y los juzgados por el suicidio de un hombre de 58 años que se quitó la vida cuando estaba a punto de ser desahuciado.

Los casos acumulados en 2020 afectan especialmente a los juzgados sociales --encargados de los despidos y todos con más de un año de espera-- y a los civiles --encargados de desahucios y que “son los que en estos momentos están afrontando las consecuencias del Covid”--.

Según Ceniceros, el Juzgado de primera instancia número 3 de Barcelona, que tramitaba su caso a raíz de la denuncia del propietario del inmueble, se enfrentó a un “situación extrema” pero en ningún momento tuvo conocimiento de algún “indicador de riesgo” que llevara a pensar en frenar el proceso.

“Era una persona adulta, que vivía sola, sin niños y si lo parábamos, perjudicábamos a un particular”, ha señalado.

Ceniceros ha explicado que la decisión de no paralizar el desahucio se tomó a última hora porque la víctima “no cumplía con los requisitos” y ha restado importancia al hecho de que “faltara un documento” que acreditase su nivel de ingresos y su situación laboral o patrimonial.

“También se suspenden muchos lanzamientos sin esta documentación”, ha indicado antes de agregar que, desgraciadamente, a veces los jueces acaban tomando decisiones “sin poder evaluar el riesgo real” porque la petición de suspensión de la ejecución se formula “a última hora y sin documentar”.

“No es un problema tanto de mejorar la comunicación o los informes de vulnerabilidad, sino de la operativa como tal”, ha apuntado el magistrado, quien ha opinado que “el hecho de que se haya dejado en manos de las partes la iniciativa de informar al juzgado sobre la situación de vulnerabilidad lleva a una consecuencia muy perversa”.

Y es que, como ha resaltado, a menudo los afectados no entregan esta información a tiempo por “desconocimiento” o porque los abogados de oficio “no siempre están a la altura” e incluso, otras veces, como “estrategia procesal”.

“Existe la creencia errónea de que si informamos a un juzgado a última hora podremos montar una situación de emergencia y lograremos que el desahucio se paralice (...) pero siempre actuamos bajo los parámetros de este sistema a veces perverso”, ha aducido.

De acuerdo con Ceniceros, el “problema de fondo” es la falta de “alternativas habitacionales para las situaciones de vulnerabilidad”, lo que podría derivar en un “problema social muy grande” si se levanta la suspensión de los desahucios que el Gobierno prorrogó hasta el próximo agosto.

“Las situaciones de vulnerabilidad no se habrán cubierto”, ha subrayado el magistrado, quien ha enfatizado que los juzgados tampoco tendrán “medios para ejecutarlos”: “Es difícil prever si cada día se podrían ejecutar más desahucios. Si la medida (el levantamiento de la moratoria) se tomara hoy, no se podría”.