La agravante de discriminación

El pasado día 3 de julio una jauría de salvajes mató cruelmente a Samuel en La Coruña. Su homicidio ha sido condenado por todos los actores políticos, pero lo que me ha sorprendido es la virulencia de la polémica que se ha entablado a raíz de su posible motivación. Todavía me cuesta entender que el único objetivo de sus intervenciones no haya sido la condena de los miserables que han acabado con la vida un chico que estaba divirtiéndose con sus amigos, en una de nuestras pacíficas ciudades. Pero parece que esa brutal violencia no ha preocupado suficientemente a nuestros políticos, que se han enzarzado en una tóxica discusión sobre los móviles del homicidio. Solo el patológico grado de polarización de nuestra política explica, que no justifica, ese enfrentamiento. Ahora bien, ese empeño de los líderes políticos de transmitir esa división a la sociedad es una alarmante irresponsabilidad. Afortunadamente su irresponsabilidad es pareja a su desprestigio social, por lo que es difícil que los ciudadanos ordinarios sigamos su patético ejemplo.

La investigación judicial tendrá que aclarar los móviles de ese homicidio, puesto que nuestro Código Penal regula como una agravante de la responsabilidad criminal el hecho de “cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a (…) orientación sexual, con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta”. La responsabilidad criminal de los agresores vendrá determinada esencialmente por el homicidio, pero, si la investigación concluye que sus motivaciones fueron especialmente reprobables, puede agravarla seriamente.

La democracia nos ofrece la libertad de elegir la forma en la que queremos vivir, pero hay grupos sociales que no gozan de la misma libertad. La mayoría de los españoles compartimos y defendemos esa libertad. Nos sentimos satisfechos de nuestros progresos, creo que somos un pueblo sumamente tolerante e incluso orgulloso de su pluralidad. Ahora bien, también hemos de ser conscientes que hay minorías dispuestas a impedir a otros colectivos ejercer esa libertad: racistas, supremacistas, islamistas, antisemitas, machistas, homófobos, etc., en definitiva, fanáticos que quieren imponer a todos los demás su ideología o sus creencias. La herramienta más eficaz que estos individuos tienen a su disposición es el miedo, que tratan de infundir a los miembros del colectivo odiado para restringir sus derechos. Cuando se mata a alguien, por ejemplo, por su raza, por su orientación sexual o por sus creencias religiosas, no solo se priva una persona de su vida, sino que se trata de amedrantar a otro grupo de personas para que sus miembros emigren del país, desistan de sus deseos o abjuren de su fe. Por una parte, se priva a una persona de su vida, del bien más preciado, pero al mismo tiempo se trata de aterrorizar al colectivo odiado. Es indudable que todos hemos tenido miedo en alguna ocasión, pero vivir con miedo es sencillamente incompatible con la felicidad, es vivir condenado a la infelicidad.

Si queremos mantener una sociedad tolerante, hemos de combatir a esos grupos. No podemos permitir que se apropien del espacio público, aunque, por otra parte, tampoco podemos aspirar a suprimir toda disidencia. Lo importante es que esa disidencia, por radical que sea, no pretenda coartar las libertades de otros, pero al mismo tiempo el odio no puede ser la excusa para imponer una nueva censura que elimine la expresión de ideas contramayoritarias, por disparatadas o repugnantes que nos parezcan.

Una sociedad tiene que luchar contra el odio que atemoriza a los odiados, limita sus derechos y modula su vida, con herramientas como la educación, pero también con severos castigos. La agravante que hemos visto tiene esa finalidad. Para su aplicación, lo importante son los motivos que hayan impulsado al criminal, no que la víctima sea o no parte del colectivo vulnerable. Es importante entender que su regulación no protege solo a los homosexuales, puesto que se aplica con independencia de la orientación sexual de la víctima, lo que protege es el derecho de todos nosotros a vivir sin miedo, en definitiva, el derecho a la búsqueda de la felicidad en un espacio libre de la barbarie.

Luis Rodríguez Vega es Magistrado y miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura