Los Comunes apartan a la CUP como socio del Govern y salvan los presupuestos y las renovables

Pese a los guiños que trata de lanzar el Govern a la CUP para reconciliarse, las relaciones parecen muy deterioradas y las señales de ruptura se van haciendo día tras días más evidentes, hasta el punto que la entrada de los Comunes en la ecuación de gobernabilidad empieza a consolidarse. Si no cambian mucho las cosas, se puede dar por hecho que los morados han apartado a los cuperos como socio del Govern y prueba de ello es que, en menos de una semana, han salvado dos medidas de calado: los presupuestos de la Generalitat para 2022 y el decreto sobre las energías renovables.

Sobre los presupuestos, todo apunta que, a mediados de la semana que viene, los Comunes y el Govern anunciarán un acuerdo para aprobarlos en el pleno del próximo 23 de diciembre. Y sobre las energías renovables, los Comunes y el Govern han alcanzado un acuerdo para que prospere el decreto-Ley con el que el Govern aspira a poner las bases de la transición ecológica. Esta iniciativa legislativa pretende acelerar el despliegue de la fotovoltaica y eólica en Cataluña, que ha quedado muy rezagada en toda España tras ser una autonomía pionera en los años 90, aunque la vía escogida ha disgustado a todas las formaciones salvo los Comunes porque trata de hacer equilibrios en el redactado.

Así, por un lado, intenta dar poder a los municipios para evitar que grandes compañías instalen proyectos renovables sin contar con el beneplácito del entorno, pero, por otro lado, los requisitos pueden ser interpretados como algo laxos porque las empresas podrán instalarse independientemente de lo que opinen o hagan los ayuntamientos (únicamente tienen que informar de ello y ofrecer una participación del 20%). La energía renovable representa ahora mismo menos del 10% de la energía generada en Cataluña, una cifra muy baja.

A pesar de la urgencia en Cataluña por reactivar las energías renovables, la CUP votará en contra de este decreto este miércoles y ha desvelado que el Govern ya no se reúne con ellos para negociar las cuentas: es decir, han quedado de lado. Este distanciamiento entre ejecutivo y anticapitalistas se ha producido después de que en la primera votación de los presupuestos, los cuperos votaron en contra. Ahora, además de esa enmienda a la totalidad, han presentado una cincuentena de enmiendas parciales para el pleno programado para el 23 de diciembre. Aun así, la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, ha advertido de que el acuerdo de investidura, que obliga a Aragonès a someterse a una cuestión de confianza a mitad de la legislatura, sigue vigente, un punto que en el Govern empiezan a dar por desterrado.

En paralelo, los Comunes asumen ya su nuevo papel de socio de legislatura y preparan el relato político. “Decimos que hay que abrir un nuevo tiempo en Cataluña. Existe una mayoría alternativa, pero no quiero prefigurar lo que puede pasar esta legislatura. Hacemos una oposición constructiva que quiere que Cataluña consiga avances”, ha afirmado el dirigente morado, David Cid.

También el PSC votará en contra del decreto porque considera que debería tramitarse como un proyecto de ley y porque lo ve como “un obstáculo al despliegue” de los parques eólicos y fotovoltaicos. También el PP y Ciudadanos votarán contra el decreto, porque considera que “no hace más que aumentar la inseguridad jurídica que pesa sobre las renovables” y los populares denuncian que esta circunstancia ha hecho que alguna compañía haya redirigido sus planes de inversión en Cataluña a Aragón.

Vox

El grupo parlamentario de Vox ha presentado más de 200 enmiendas a los presupuestos, entre ellas una que pide bajar el sueldo de Pere Aragonès para que cobre “un céntimo menos” que el presidente del Gobierno. Antonio Gallego, diputado de Vox, ha explicado que sus enmiendas permitirían ahorrar “más de 1.000 millones” de euros “en gasto prescindible”.