El derecho de queja

Terminado el año, segundo en pandemia, viendo los resultados y ante la realidad que nos envuelve, cabe preguntarse si la labor ha sido bien hecha.

Antes de lanzar una respuesta rápida y visceral, es necesario detenerse, y contenerse para poder tener así la posibilidad de pensar.

Sanitarios, gestores y políticos tuvieron que tomar decisiones sobre cómo controlar este coronavirus. Lo hicieron en base a lo que entonces se sabía, pero también en base a hipótesis más o menos científicas, o al menos razonables, porque las exigencias de la gente y el imperativo político, como suele pasar, fueron y siguen siendo más rápidos y menos racionales que el conocimiento científico.

Más allá de las competencias morales y profesionales que debieron tener activadas, es lógico pensar que cada uno, con las excepciones que confirman la regla, tomó la decisión que consideró más adecuada.

Pero ya se sabe que una decisión puede ser adecuada para unos pero puede no serlo para otros. Este es un debate infinito porque la verdad, una verdad que sea válida para todos, no existe.

Lo que sí existe es la obligación de responder con solvencia a los problemas que lleva implícito el cargo o la función pública que cada uno haya asumido con libertad tras haber sido elegido para ello. Como esto implica un voto de confianza, es lógico pensar que la decisión más adecuada fue en efecto la más adecuada.

Así llegamos al núcleo de la cuestión: tomar la decisión que se consideró más adecuada significa que la labor ha sido bien hecha?

Me temo que no. Quien esté a cargo de una función, la que fuere, sólo podrá decir que su labor ha sido bien hecha cuando los efectos positivos que se proponía conseguir resultan evidentes en las personas a las que esa decisión se dirigía.

Así, el éxito de una decisión depende tanto del emisor como del receptor. En otras palabras, quien no hizo nada, quien no hizo caso, ahora que no se queje.