El constitucionalismo planta cara al separatismo por el castellano en Vic

Vic se ha convertido en el epicentro del acoso independentista al constitucionalismo. Numerosos episodios durante los últimos años atestiguan la beligerancia de este municipio, con su alcaldesa Anna Erra a la cabeza (JxCat) y de poco más de 47.000 habitantes, contra todo aquel que no comulgue con el “procés”: el último ejemplo, en este sentido, ha sido la prohibición, por orden del Ayuntamiento, de que la plataforma Escuela de Todos pusiera una carpa informativa este domingo para difundir su campaña de recogida de firmas a favor de la aplicación de la sentencia de un 25% de castellano.

Escuela de Todos, plataforma que lidera la Asamblea por una Escuela Bilingüe y su presidenta Ana Losada, solicitó el 10 de enero este permiso al Ayuntamiento de Vic, pero el consistorio gobernado por Erra respondió rechazándolo. El independentismo, que ha tratado de hacer bandera de libertades y derechos atacando al Estado, ahora se los niega a una organización constitucionalista. De hecho, la alcaldesa se escudó en un artículo de una Ordenanza municipal que regula el uso de la vía pública: en concreto, se denegaba el permiso de la carpa porque, según aducía el Ayuntamiento en el escrito, se iba a hacer un “uso anormal de la vía pública”.

La plataforma probilingüismo también ha denunciado que el mismo artículo (96.3) de la Ordenanza al que se acoge el Ayuntamiento para la prohibición, también señala que “no se autorizará ninguna licencia para ejercer en la vía pública, actividades contrarias a la moral, a las buenas costumbres ciudadanas o al orden público”. Es decir, se está imponiendo un veto ideológico.

Finalmente, la carpa se ha podido montar este domingo pese al acoso que han sufrido partidos y entidades constitucionalistas en las últimas semanas. Hasta allí se han desplazado PP, Vox y Ciudadanos para apoyar a Escuela de Todos y dar una imagen de unidad política, además de la entidad juvenil constitucionalista S’Ha Acabat. Y, lo cierto es que, según ha explicado Losada a este diario, han conseguido un éxito: en apenas dos horas, han logrado recoger hasta 20 demandas contra la Generalitat para que aplique la sentencia del 25% y más de un centenar de firmas. Es decir, han rebasado las expectativas de forma sustancial (cabe tener en cuenta el temor que puede despertar entre los vecinos acercarse a firmar y luego ser señalado). Y los ánimos, parece que se han calmado, también: “Apenas hemos recibido insultos de la gente que pasaba por allí. Un sábado en Paseo de Gracia hemos recibido mas insultos que en Vic”, señala Losada.

El PP, por ejemplo, se desplazó la semana pasada hasta la capital de la comarca de Osona tras anunciar que denunciaría ante la Fiscalía al Ayuntamiento por denegar la carpa informativa a Escuela de Todos y sus dirigentes, con Alejandro Fernández a la cabeza, fueron recibidos entre gritos e intentos de agresión y tuvieron que ser escoltados por los Mossos d’Esquadra.

También Vox, durante la campaña electoral del 14 F, quiso organizar un acto allí, pero sus dirigentes tuvieron que salir escoltados por el lanzamiento de piedras de los independentistas radicales concentrados allí. Las furgonetas en las que se desplazaban Ignacio Garriga y Javier Ortega Smith fueron destrozadas y algunos militantes acabaron heridos por las agresiones.

También Ciudadanos ha sufrido recibimientos de gran hostilidad en Vic. O vetos: el Ayuntamiento también ha vetado que monte una carpa allí, ante lo que el partido naranja presentó una querella y el juzgado número 15 de Barcelona les ha dado la razón y han podido estar allí este domingo también.

Pero el reguero de episodios del Ayuntamiento proindependentista no se acaba en este veto a Escuela de Todos. Por ejemplo, hace un año, el Ayuntamiento anunció que dejaría de pagar sus impuestos a la Hacienda española y pasaría a hacerlo a la Agencia Tributaria Catalana, tal y como había pedido la ANC. O, cuando por megafonía, se recordaba diariamente a los presos independentistas. O las veces que se ha permitido que radicales escalen al balcón del Ayuntamiento y retiren la bandera de España y graben un vídeo quemándola.

Lo cierto es que ante tanta hostilidad, parece muy difícil que el constitucionalismo se abra hueco en el Ayuntamiento. Así lo refleja una cita electoral tras otra: tras los comicios de 2019, tan solo salió un concejal constitucionalista de los 21 que hay en el Ayuntamiento (un edil del PSC). El resto se reparte entre JxCat (11), Esquerra (5) y la CUP (4).