Colau entrega 137.000 euros a una “radio pirata” de Barcelona

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anda estos días intentando aclarar su futuro procesal, está imputada por seis cargos de presunta corrupción, por su política de subvenciones dudosas. El problema con las subvenciones y contratos públicos, sin embargo, es que aunque éticamente puedan ser reprobables para el gran público, legalmente suelen estar bien atadas. Hace unos meses, sin ir más lejos, Radio Gràcia se hizo con una licitación por valor de 137.425,75 euros (con IVA) por un contrato del 1 de abril de 2022 al 31 de diciembre de 2023. Hasta aquí, nada nuevo bajo el sol. Sucede, sin embargo que, la situación de esta emisora es particular tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del pasado septiembre.

El objeto del contrato, en cualquier caso, es la prestación del servicio de soporte técnico en la programación de Radio Gràcia para difundir contenidos de interés público de carácter cultural, lúdico, educativo y de participación ciudadana en el territorio del Distrito de Gràcia, con medidas de contratación pública sostenible. La duración del contrato será desde el 1 de abril de 2022, o al día siguiente de la formalización del contrato si ésta fuera posterior, y hasta el 31 de diciembre de 2023, con posibilidad de una prórroga por un máximo de 12 meses.

No obstante, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dio la razón a la Asociación Catalana de Radio. La sala de lo contencioso administrativo del TSJC comunicó el pasado septiembre que anulaba y dejaba sin efecto la licitación de Ràdio Gràcia efectuada por el Ayuntamiento de Barcelona.

La sentencia, que todavía no es firme, recoge el Acuerdo 35/2008 de 18 de marzo, del CAC, en el que se afirma que la gestión diaria de una emisora municipal no puede ser externalizada. En este sentido, el juzgado asegura que “no hay duda, pues, que el Ayuntamiento de Barcelona no ha respetado la previsión legal que exige que sea el propio Ayuntamiento el que preste directamente el servicio”.

Esta es la cuarta sentencia ganada por la ACR y que confirma que no se puede ceder la explotación de una frecuencia municipal. Previamente a la de Barcelona se dictaminaron también en contra de las cesiones de explotación de los ayuntamientos de Girona, Castellvell del Camp y Sant Pol de Mar.