El Gobierno, cercado por la sentencia del 25% de castellano en Cataluña

La tensión política en Cataluña ha bajado mucho y los focos del Gobierno se han posado ahora sobre la economía y los frentes internacionales (Ucrania y Marruecos). El independentismo ha dejado de ser un problema prioritario para Moncloa, aunque sigue estando muy presente y puede acaparar todo el protagonismo de un momento a otro: entre otras cosas, también, porque el Ejecutivo depende de Esquerra para sobrevivir lo que resta de legislatura. En este sentido, por delante tiene ahora un asunto de máxima sensibilidad: la aplicación de la sentencia del 25% de castellano en la educación pública catalana.

Hasta ahora, el Gobierno ha guardado silencio y se ha limitado a decir que la resolución judicial, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en diciembre de 2020 y avalada por el Supremo hace cuatro meses, se tiene que cumplir. Más allá de la retórica, ha omitido su responsabilidad en todo esto: como parte en la causa (el actual Gobierno ha heredado este caso que se abrió en 2015 con el ejecutivo de Mariano Rajoy, que fue quien llevó a los tribunales a la Generalitat para que se aplicara el 25% de castellano), tiene la posibilidad de exigir ante el TSJC su aplicación inmediata. ¿Lo va a hacer?

A tenor de las acciones hasta ahora, todo parece indicar que no: de entrada, puede reivindicar el acuerdo que ha alcanzado el PSC con Podemos y ERC para que, a través del Parlament, se modifique la Ley de Política Lingüística de 1998 y se flexibilice la inmersión lingüística. Es decir, en función de si el territorio tiene más o menos población catalanoparlante, se ampliará el uso del castellano o no en la escuela, aunque con esta iniciativa se esquiva el porcentaje fijado en la sentencia. Esta iniciativa, también hay que decir, nace enturbiada por el nuevo choque entre ERC y JxCat, que se descolgó a última hora del pacto tras la división interna sobre la conveniencia de sumarse o no. Y esta división se ha llevado por delante a Jordi Sánchez, muy cuestionado ya y que ayer se despidió como secretario general del partido ante el Congreso del partido en junio.

En el PSC, no obstante, también matizan que esa iniciativa legislativa, que se debatirá en el Pleno a finales de abril, no sustituye la obligatoriedad de cumplir la sentencia del 25% de castellano y advierten de que, hasta ahora, todas las resoluciones judiciales que ha habido sobre el español se han acabado cumpliendo. Es más, hay cifras: durante el Govern de Quim Torra se acataron 12 mientras que durante el mandato de Aragonès han sido nueve. En el Gobierno reconocen que están hablando con la Generalitat sobre cómo dar cumplimiento a la sentencia.

En las asociaciones constitucionalistas no creen que ese cambio legal permita dar cumplimiento a la sentencia. El abogado Pepe Domingo, de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, recuerda que la sentencia se tenía que haber cumplido antes del 22 de marzo y es el Govern quien tiene que acatar la resolución, en lugar de trasladar la responsabilidad a los grupos parlamentarios.

El Gobierno, en todo caso, tendrá que pronunciarse: está cercado por las múltiples demandas que han presentado las asociaciones constitucionalistas (algunos partidos, como Vox y Ciudadanos, también han emprendido acciones judiciales). Destaca, en este sentido, la presentada por la AEB, que reúne al apoyo de 1.643 familias con alumnos en la escuela pública (también Hablamos Español o Convivencia Cívica han presentado demanda). Por tanto, una vez el TSJC tramite las demandas (está por ver cuáles prosperan), dará traslado a las partes para que se pronuncien: a la Generalitat y al Gobierno, que actuará a través de la Abogacía del Estado.

De momento, en la Abogacía del Estado guardan completo silencio porque es un tema «delicado», aunque hay también quien lanza balones fuera y sostiene que, de momento, no tienen que pronunciarse a la espera del TSJC.