El Govern trata de ganar tiempo contra la sentencia del 25% de castellano

Tras incumplir con el plazo para aplicar la sentencia del 25% de castellano (23 de marzo), ahora el Govern trata de ganar tiempo. El pasado jueves tenía que haber presentado las alegaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), pero no consta que lo haya hecho y en el departamento de Educación, consultados por este diario, rehúyen la cuestión (evitan confirmar este hecho). Es decir, el ejecutivo catalán ha optado por lanzar el balón hacia adelante y esperar que el TSJC le apremie a presentar las alegaciones.

Y es que, de haber cumplido con el plazo del jueves pasado, el TSJC hubiera tenido luego 10 días para responder y decidir si acepta las demandas de las organizaciones constitucionalistas para aplicar la sentencia del 25% de castellano. Es decir, muy probablemente, durante la primera quincena de mayo estaría el asunto dirimido y el Govern se hubiera visto obligado a cambiar los proyectos lingüísticos de todas las escuelas públicas (igual en menos de un mes, tal y como pedía la Asamblea por una Escuela Bilingüe) para dar un mínimo del 25% de las horas lectivas en español.

Sin embargo, al Govern le conviene ganar tiempo para intentar presentar las alegaciones con la reforma de la Ley de Política Lingüística aprobada en el Parlament: y eso se prevé que se produzca el próximo 8 de mayo en el pleno. Esa reforma legal es uno de los tres argumentos que adujo el Govern el pasado 23 de marzo cuando se dirigió al TSJC. El cambio en la norma pasa por dar más espacio al castellano en la educación pública, aunque esquivando el 25% y está redactado con cierta ambigüedad, lo que permite múltiples interpretaciones (el PSC interpreta que se debe dar más español, mientras ERC asegura que se debe dar todavía más catalán).

En concreto, el nuevo redactado deja margen para el uso del castellano o el catalán en función del territorio. «La determinación de la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza debe tener en cuenta la realidad sociolingüística y la evolución del proceso de aprendizaje lingüístico, oral y escrito, de acuerdo con los elementos de control, evaluación y mejora de las competencias lingüísticas», recoge el nuevo texto.

En todo caso, también es cierto que la aprobación de esta reforma legal está en el aire y tampoco es una garantía a la que agarrarse para la Consellería de Educación. Y es que, hasta ahora, ha habido hasta dos cambios de fecha para debatir y votar en el pleno este cambio: primero se fijó para finales de este mes y ahora ha pasado para el 8 de mayo.

Estos cambios en la fecha están vinculados por las desavenencias en JxCat. Los posconvergentes estuvieron inicialmente en el acuerdo con PSC, ERC y Comunes, pero el mismo día del anuncio se descolgaron por las presiones del separatismo radical y por sus propias divisiones internas. Ahora, JxCat está tratando de buscar una salida a este embrollo y negocia con actores del independentismo (como la ANC o Plataforma per la Llengua) para rehacer esta propuesta legislativa, pero tampoco tiene mucho margen porque el PSC no está dispuesto a ceder. Los socialistas sostienen que es una iniciativa que se ha trabajado y negociado durante dos meses y tampoco están dispuestos a aceptar acuerdos o enmiendas con el separatismo radical: a su juicio, si Plataforma per la Llengua tiene que influir en la reforma legal, también debería hacerlo la AEB, entidad constitucionalista de referencia en defensa del bilingüismo.

Pero no solo el PSC, Esquerra tampoco está dispuesta a ceder a cambios de última hora impuestos por JxCat y advierte de que no hay margen para cambios. Por tanto, JxCat es quien debe encontrar una salida a su enredo. ERC, eso sí, quiere tanto a PSC como JxCat.