Esta es la comarca de Cataluña en la que Junts pide mayor presencia de la Guardia Civil

En política, las aspiraciones ideológicas muchas veces tropiezan con la realidad. La Cerdanya, comarca pirenaica gobernada por una mayoría de Junts per Catalunya, ofrece un ejemplo paradigmático de este fenómeno. El Consejo Comarcal ha aprobado recientemente una moción que pide al Ministerio del Interior reforzar la presencia de la Guardia Civil en la zona, especialmente en lo que respecta a la prevención de actividades delictivas y la protección del medio natural.

La iniciativa fue impulsada por el presidente del Consejo Comarcal y alcalde de Bolvir, Isidre Chia, de Junts, quien incluso mantuvo reuniones con representantes de la asociación de la Guardia Civil Jucil y con los subdelegados del Gobierno en Lleida y Girona para trasladar su preocupación por la pérdida de competencias del cuerpo en la comarca, informa el diario ARA. La moción del Consell Comarcal se aprobó con una sola abstención, la del conseller de ERC por Isòvol, Andreu Ripoll. Los otros seis consejeros republicanos, los nueve de Junts y los otros dos de partidos independientes y una consejera no adscrita votaron a favor

Los argumentos que sostienen esta insólita petición, proviniendo de un partido independentista son, en esencia, dos. Por un lado, la desaparición del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza), que ahora asumen los Mossos d'Esquadra y los Agentes Rurales tras los acuerdos entre el PSOE y las fuerzas independentistas. Por otro lado, la supresión de las unidades de intervención en materia de armas, que podría suponer, según el texto aprobado, una pérdida de control sobre la tenencia y uso de armamento y explosivos en la zona.

Una cuestión muy concreta: armas y explosivos

Albert Maurell, alcalde de Prullans y también de Junts, explica al diario ARA que el detonante de la moción ha sido precisamente el posible cierre de la unidad de la Guardia Civil en Puigcerdà encargada de la gestión de armas. Si eso ocurre, los habitantes de once municipios de la comarca de Girona deberían desplazarse hasta Ripoll para realizar trámites que ahora pueden hacer en la capital ceretana. Las asociaciones de cazadores han hecho llegar su malestar a los alcaldes, que temen un deterioro de los servicios.

Junts argumenta que la moción responde a una necesidad objetiva del territorio. Mientras no llegue el traspaso de competencias, estos servicios se tienen que seguir prestando, pues los Mossos no pueden ofrecerlos a día de hoy.

Resulta paradójico que Junts, como también ERC, la CUP y el resto del espacio independentista, haya abogado sistemáticamente por la desaparición del Estado en Cataluña, y muy especialmente de sus fuerzas y cuerpos de seguridad, como la Guardia Civil o la Policía Nacional. No hay que remontarse mucho: tras el referéndum del 1 de octubre de 2017, esas fuerzas fueron blanco de una campaña política y mediática para exigir su expulsión del territorio catalán.

Sin embargo, este episodio demuestra con claridad que la realpolitik, la política basada en los hechos y en los intereses concretos, choca inevitablemente con el discurso ideológico, moral y las aspiraciones máximas del soberanismo. Las necesidades reales del territorio, como el control de explosivos en las pedreras locales o la regulación de la caza, llevan incluso a los sectores más independentistas a reclamar más presencia del Estado que tanto han combatido.

Este caso ilustra cómo la política real se mueve más por los intereses inmediatos y concretos que por los grandes relatos. Incluso un partido que sueña con una Cataluña independiente sin rastro de la Guardia Civil se ve, llegado el momento, pidiendo que se refuercen sus efectivos en el Pirineo. Porque, al final, la política no es un discurso: es un equilibrio constante entre lo deseado y lo necesario.