Como todo buen parto político que se precie, todo el mundo ha salido ganando. Incluso cuando está sobre la mesa un acuerdo a tres bandas con vetos cruzado. Algo así ha sucedido con los presupuestos de la Generalitat. Al final, como suele decirse, el diablo está en los detalles. Solo así se entiende que ERC haya pactado unas cuentas con el PSC, con tres macroproyectos estrella que, a su vez, se ha comprometido a no desarrollarlos con el tercer en discordia, los comunes, cuyo concurso es imprescindible para aprobarlas. Al final, como suele ocurrir en estas ocasiones, se trata de una discusión semántica para incluir un redactado con el que todo el mundo se sienta cómodo.

Han sido necesarios, en cualquier caso, más de dos meses de negociaciones, que se han acelerado en los últimos dos días y que incluyen, de alguna manera, los tres citados macroproyectos: el cuarto cinturón de la B40, la ampliación del aeropuerto y el casino Hard Rock. Además de una sustanciosa inversión en el metro de Barcelona o el compromiso de no abrir nuevas embajadas. La consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, en una comparecencia desde el Palau de la Generalitat ha sentenciado que “es el momento de empezar a ejecutar estos presupuestos”. Vilagrà, que ha liderado las negociaciones con los socialistas, ha hecho hincapié en que son unas cuentas “expansivas” y que incluyen, según ha dicho, casi 4.000 millones de euros más que el año pasado. Un montante que, dice, debe servir para “intensificar la transformación” del país.

Por su parte, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha subrayado, en cualquier caso, que el acuerdo con ERC se circunscribe sólo a la aprobación de los presupuestos. “No es un acuerdo de legislatura”, ha reafirmado. Illa ha presumido sobre todo de los compromisos en materia de infraestructuras. Destacó el hecho de que el pacto incluya, entre otras cosas, la modernización del aeropuerto de El Prat, que fue uno de los últimos escollos de la negociación. Es decir, ya no se habla de ampliación del aeropuerto, si no de ganar capacidad respetando el ecosistema de los alrededores y las directivas europeas. Para ello, se ha acordado crear una comisión técnica con el Gobierno que debe reunirse este año y que debe pactar la vía para que el aeropuerto “gane capacidad” y " llegue a ser un verdadero hub intercontinental”. Esto, añade el documento, se hará “respetando la biodiversidad y la convivencia con vecinos y vecinas”, poniendo especial cuidado en la preservación del espacio natural protegido del delta del Llobregat. Éstos son los condicionantes que ha subrayado Vilagrà.

El líder de los socialistas también ha destacado que se haya pactado acordar con el Gobierno el modelo para transferir recursos económicos necesarios para el traspaso de Cercanías a la Generalitat, así como el proyecto de la B-40, la cesión que Esquerra hizo la semana pasada y que ha sido clave para desatascar las negociaciones. Por lo que respecta al Hard Rock, el documento apunta que durante 2023 se completarán los procesos relacionados con el inicio del proyecto del Consorcio Recreativo y Turístico de Salou y Vila-seca, previa aprobación definitiva del Plan de Desarrollo Urbanístico, y mantener la disponibilidad de los terrenos por parte de la sociedad.Las cuentas podrán salir adelante porque contarán con el apoyo de los 33 diputados de Esquerra, los 33 del PSC y los 8 de los comunes, imprescindibles para garantizarse la mayoría necesaria, de hecho superan la mayoría absoluta.

La líder de los comunes, Jessica Albiach, ha señalado que “hoy es un buen día para los catalanes y las catalanas”. “Por fin, Cataluña tiene garantizada la aprobación de los presupuestos para el año 2023″, ha continuado, y “por fin, después de mes y medio, el PSC ha decidido sumarse al acuerdo de los presupuestos”. “Una de ilustración que, a luz de los resultados, no estaba justificada”, reprochó a los socialistas. En relación a carpetas como el Hard Rock, la B-40 o la “modernización” del aeropuerto, Albiach ha destacado que en el pacto ERC-PSC “no existe una sola partida destinada a macroproyectos”, que era la línea roja de los comunes.

Desde Junts, consideran que el acuerdo ERC-PSC marca un punto de inflexión. “Constatamos que vuelve el tripartito a Cataluña, de la mano de Pere Aragonès”, ha afirmado el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet. “No volvemos a 2017, volvemos a 2004. Se constata un cambio de ciclo en la política catalana”, ha añadido. Batet ha acusado a Aragonès de “abandonar la mayoría independentista del 52%” y ha subrayado que “fue investido con los votos de Junts y la CUP y ha terminado los presupuestos con PSC y comunes”. Dice que su grupo “actuará como alternativa”.

La tramitación

Una vez el proyecto de presupuestos se envíe al Parlament, empezará su tramitación. Primero, la mesa y la junta de portavoces deben reunirse para admitir a trámite el proyecto, y aprobar su calendario de tramitación. Los consellers de cada departamento tendrán que comparecer en las comisiones respectivas para explicar las partidas de cada área. Estas intervenciones podrían realizarse a principios de febrero, si la aprobación de los presupuestos en el Consejo Ejecutivo es inminente.

Simultáneamente, se abre un plazo de presentación de enmiendas a la totalidad, de unos 12 días aproximadamente. El pleno del debate en la totalidad del proyecto presupuestario se celebra al finalizar este plazo. Si las hipotéticas enmiendas a la totalidad que presenten los grupos de la oposición se rechazan, las cuentas continuarán su tramitación en comisión. Por otra parte, el calendario para las enmiendas al articulado se alargaría una semana más.

Un mes después, se celebraría el pleno del debate y las votaciones finales del proyecto. Todo ello, en caso de que no se solicite un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias, lo que pueden hacer dos grupos parlamentarios o una décima parte de diputados y diputadas. Entonces, el órgano dispondría de un mes para emitir el dictamen. Por tanto, previsiblemente, las cuentas recibirán la luz verde en marzo.