La fuga de empresas en Cataluña se ha intensificado en el último año, registrando en 2024 su peor saldo desde 2018, tal y como avanzó el diario Vozpópuli. Un total de 926 compañías trasladaron su sede social a otra comunidad autónoma, mientras que solo 575 se instalaron en la región, dejando un saldo negativo de 351 empresas. Este dato revierte la tendencia de los últimos años, cuando la pérdida de sedes se había ido moderando tras el impacto del 'procés'.

Desde el referéndum independentista de 2017, Cataluña ha acumulado un saldo negativo de 5.516 empresas, reflejando el continuo éxodo de compañías. Aunque la sangría se había reducido progresivamente desde 2021, cuando se perdieron 326 sedes sociales, en 2024 la cifra ha vuelto a aumentar, superando los niveles de 2022 y 2023, cuando el saldo negativo fue de 181 y 160 respectivamente.

Un año negro para la economía catalana

Los datos trimestrales ya anticipaban un año complicado para Cataluña. En los primeros tres meses de 2024, la comunidad sufrió su peor arranque desde 2019, con la pérdida de 84 empresas. Entre abril y junio, el saldo negativo alcanzó las 106 compañías, el peor segundo trimestre desde 2018. La tendencia continuó en la segunda mitad del año: tras las elecciones catalanas, entre julio y septiembre, salieron 196 empresas y solo llegaron 123, mientras que en el último trimestre la fuga sumó otras 88 compañías.

El impacto de esta huida empresarial recuerda a lo ocurrido en 2017 y 2018, cuando Cataluña vivió un éxodo masivo de empresas. Solo en 2018, la región perdió 1.892 sedes sociales, una cifra que solo fue superada en el último trimestre de 2017, cuando tras el referéndum se registró la salida de 2.536 empresas en apenas tres meses.

Incertidumbre política y temor fiscal

El contexto político y económico ha vuelto a generar inquietud entre las empresas. En agosto de 2024, ERC y el PSC alcanzaron un preacuerdo fiscal que planteaba una salida de Cataluña del régimen común de financiación, a cambio de facilitar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

La posibilidad de que la Agencia Tributaria catalana gestionara los datos de las empresas despertó temores entre el sector empresarial, que vio en la medida una posible antesala de un futuro proceso independentista y una mayor presión fiscal.