La propuesta de suprimir las subvenciones públicas a los partidos políticos catalanes ha sido rechazada este jueves en el Parlament de Cataluña. La iniciativa tuvo un rechazo prácticamente unánime, mostrando lo arraigada que está la práctica de que los partidos vivan de dinero público del Estado. De hecho, únicamente Vox y Aliança Catalana, propositora, votaron a favor, que son las dos formaciones más nuevas en el Parlament y, en general, en el panorama político.

El resto de formaciones cerraron filas para mantener el actual modelo de financiación, que garantiza asignaciones económicas periódicas a cada grupo parlamentario. Se trata de un consenso poco habitual que, en esta ocasión, ha puesto de manifiesto el núcleo estructural de la partitocracia catalana: todos los grandes partidos se benefician de este sistema y no están dispuestos a renunciar a él.

Millones de euros en juego

Según datos oficiales del Parlament, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) recibe más de cinco millones de euros anuales en subvenciones. Junts per Catalunya y Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) manejan cifras similares, mientras que formaciones más pequeñas, como Candidatura d'Unitat Popular (CUP), han percibido alrededor de dos millones de euros durante la legislatura para financiar su actividad interna.

A estas cantidades se suman los fondos estatales que los partidos reciben por su representación en el Congreso y el Senado, con un presupuesto conjunto que supera los 52 millones de euros anuales. Las asignaciones catalanas son, por tanto, solo una parte del amplio entramado de financiación pública que sostiene a las estructuras partidistas.

Orriols recoge el testigo de Vox

Aunque la propuesta no prosperó, la iniciativa de la líder de AC, Sílvia Orriols, consiguió introducir un tema incómodo en la agenda política catalana. Su discurso contra los partidos subvencionados conecta con un malestar social creciente hacia una clase política percibida como cerrada y autorreferencial.

Orriols defiende que las formaciones deberían sostenerse con aportaciones voluntarias de simpatizantes, sin depender de fondos públicos. En cambio, los grupos tradicionales justifican las subvenciones como garantía de “igualdad de oportunidades” y “estabilidad democrática”, argumentando que, sin ellas, solo los más ricos podrían financiar su actividad política.

Sin embargo, este discurso no es nuevo. Con el auge de Vox, allá por 2018, la posibilidad de retirarle cualquier subvención a los sindicatos y partidos políticos se puso sobre la mesa. La formación de Abascal, y Garriga en Cataluña, hicieron esa lucha contra el "stablishment" y la partitocracia parte de sus banderas.