El Govern se cansa de Junts y exige no condicionar la Amnistía a las "ocurrencias" de los jueces

En el Palau de la Generalitat se están cansando de Junts, a pesar del tono prudente que se mantiene tanto en el ejecutivo como el seno de ERC respecto a los posconvergentes y sus exigencias de última hora para sacar adelante la Ley de Amnistía. Los republicanos defienden que la norma "es altamente beneficiosa para muchísimas personas" y consideran que Junts "está jugando con fuego". Las palabras de su presidenta, Laura Borràs, afirmando que preferiría un redactado legal que "ampare a todos los afectados, aunque sea inconstitucional", no se digirieron bien en la sede de ERC, donde se parece haber tomado conciencia de lo que implica desafiar a las estructuras del Estado y los nulos beneficios que de tal conducta derivan. Más, con un Gobierno animado a dar cabida en la Carta Magna a prácticamente cualquier ingeniosidad de los independentistas.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha explicado que el ejecutivo mantiene la puerta abierta a cualquier modificación que permita desbloquear su aprobación "de una vez". La propuesta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso sobre la mesa en la jornada de ayer -consistente en modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) respecto a los plazos de instrucción para "tranquilizar" a los investigados por el caso Tsunami- está siendo negociada entre el PSOE y Junts. "Los expertos que están trabajando en el tema lo valorarán", ha explicado Borràs. Desde el Govern se traslada que no interpondrán objeción alguna si este es el requisito final de los posconvergentes para aprobar la norma, no obstante, ERC tiene dudas de que con esta modificación legal se vean satisfechas las pretensiones de Junts.

Para la formación republicana, el texto presentado -cuyos diputados votaron favorablemente- es "robusto" y "garantiza la amnistía para todas las personas represaliadas". "Es una buena ley", ha dictaminado Plaja, que asimismo ha argumentado que "no se puede supeditar todo a las ocurrencias de determinadas personas del ámbito judicial", pese a que ha matizado que "cuesta de entender como trabajan algunos magistrados". Independientemente de la opinión de los republicanos sobre la salud del sistema judicial, la portavoz del Govern ha reiterado la urgencia de su grupo por aprobar la Ley de Amnistía: "Es lo que más prisa corre, más allá de que se pueda mirar y hablar sobre la LECrim". Los dirigentes republicanos que podrían no ser amnistiados de ser condenados por terrorismo o alta traición, como Marta Rovira o Rubén Wagensberg, tendrían una repercusión menor que si esta circunstancia afectara a Carles Puigdemont, también investigado. De ahí el empeño de Junts en "blindar" la norma y la estrategia de ERC de mostrar las demandas de los posconvergentes como caprichosas.

Sea como fuere, la versión oficial de Junts se remite a las enmiendas presentadas en el Congreso de los Diputados. "Es la única fórmula que permitirá a la ley cubrir a todos", afirman en el seno de la formación. Los posconvergentes esperan, de igual manera que temen lo contrario los republicanos, que el PSOE de su brazo a torcer y que se acepten sus exigencias en los próximos 15 días de plazo de los que dispone la Cámara para aprobar un nuevo dictamen en comisión. La LECrim es la última bala en la recámara de Sánchez, experto, por otra parte, en jugar con maestría por detrás en el marcador. Cualquier otra alternativa podría dejar a la ley sin constitucionalidad, a los independentistas sin amnistía y al presidente del Gobierno sin lo que resta de legislatura.