Malestar en la Guardia Civil con el traspaso de inmigración: "Pedro Sánchez nos quiere fuera de Cataluña"

La cesión de competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña ha encendido las alarmas en la Guardia Civil. La asociación profesional mayoritaria del cuerpo, JUCIL, ha denunciado en un comunicado que este acuerdo entre PSOE y Junts forma parte de una "estrategia planificada" para reducir la presencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional en territorio catalán.

Según JUCIL, este traspaso de competencias supone un paso más en el "desmantelamiento progresivo" de las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña. La asociación ha anunciado que defenderá "por todos los medios a su alcance" la permanencia del cuerpo en la comunidad dentro de las funciones que le asigna la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Un modelo policial catalán propio

El acuerdo firmado entre socialistas y posconvergentes establece que la Generalitat podrá desarrollar "un modelo propio" en materia migratoria. "Las instituciones catalanas tendrán una posición determinante en el marco de la legislación internacional, europea y del Estado español", recoge el documento pactado por ambos partidos.

Desde JUCIL critican que estas decisiones responden a "transacciones políticas" derivadas de la debilidad parlamentaria del Gobierno central y del Govern catalán. Además, recuerdan que algunos de estos acuerdos ya han sido llevados ante la justicia.

Un ejemplo es la cesión a los Mossos d'Esquadra de las competencias en protección de la naturaleza, tradicionalmente desempeñadas por la Guardia Civil. En enero, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admitió a trámite un recurso de JUCIL contra el acuerdo alcanzado en la Junta de Seguridad del pasado 5 de diciembre. Según la asociación, esta cesión vulnera la legislación vigente y debe ser anulada.

Falta de transparencia y déficit de agentes

JUCIL también denuncia la "gran opacidad" con la que se han negociado estos acuerdos entre el Ministerio del Interior y la Generalitat. Aseguran que, pese a las reiteradas solicitudes de información, el Ejecutivo no ha facilitado detalles sobre el impacto que tendrá esta cesión de competencias.

Actualmente, la Guardia Civil mantiene un despliegue de 3.000 efectivos en Cataluña, una cifra que, si se cubriesen todas las vacantes, podría alcanzar los 3.600 agentes. En contraposición, el Govern ha aprobado una ampliación de la plantilla de los Mossos d’Esquadra hasta los 25.000 efectivos, cifra que se verá incrementada en 1.800 agentes adicionales tras el acuerdo entre PSOE y Junts aunque, como ha explicado este medio, es una cifra falsa.

Para JUCIL, esta diferencia refleja una estrategia política que busca reducir el papel de la Guardia Civil en la comunidad autónoma. "Nuestro objetivo es asegurar que los ciudadanos de Cataluña estén protegidos por los profesionales más preparados y que no se cometan injusticias por razones geográficas o políticas", ha declarado Ernesto Vilariño, secretario general de la asociación.