¿Qué es el derecho al error? Estas son las reformas con las que la Generalitat quiere reformar la administración

Cataluña quiere dejar atrás una administración pública rígida, desconfiada y punitiva, para avanzar hacia un modelo más proactivo y comprensible. En este contexto, el Govern ha presentado una propuesta legislativa que, entre otras cosas, reconoce el derecho al error, una medida que, junto con otras reformas, busca cambiar de raíz la relación entre el ciudadano y la administración. Pactada con ERC y los Comuns, esta ley se tramitará en el Parlament y podría entrar en vigor en otoño. Estas son las principales reformas:

1. Derecho al error: rectificar sin castigo

La piedra angular de la reforma es el derecho al error, inspirado en modelos como los de Francia o Polonia. A partir de ahora, si una persona comete un error no fraudulento en un trámite con la administración, podrá rectificarlo sin ser sancionada. Hasta ahora, solo la administración tenía este derecho. Se trata de reconocer que equivocarse es humano y que no se debe penalizar automáticamente al ciudadano por errores involuntarios.

2. Fin a la "burocracia defensiva"

La ley también afectará a los trabajadores públicos. Se les eximirá de responsabilidad si actúan con buena fe y diligencia, aunque se equivoquen, y solo responderán por acciones cometidas con dolo, culpa o negligencia grave. Con esto se busca poner fin a la llamada "burocracia defensiva", en la que muchos funcionarios evitan firmar o avanzar procesos por miedo a equivocarse y ser castigados.

3. Errores de la administración no afectarán a los más vulnerables

Otra medida clave es que los errores cometidos por la administración no podrán perjudicar a personas vulnerables, especialmente en prestaciones esenciales. Por ejemplo, si por error se concedió una ayuda a una persona en situación precaria, no se le podrá reclamar su devolución, como ha sucedido con jóvenes extutelados o beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía. La administración asumirá su fallo para no agravar la situación de quienes más lo necesitan.

4. Servicios proactivos y personalizados

La reforma también introduce el concepto de administración proactiva. Esto significa que será la propia administración la que sugiera trámites o prestaciones a los ciudadanos, en lugar de esperar a que ellos las pidan. Por ejemplo, si alguien tiene un hijo o se queda en paro, el sistema podrá informarle automáticamente de qué ayudas puede solicitar. Para ello, será necesario que la persona dé su consentimiento para que se utilicen sus datos.

5. Fin de la cita previa obligatoria

Se eliminará la cita previa obligatoria como único canal de acceso a los servicios públicos. Aunque seguirá existiendo como opción, dejará de ser una barrera que muchas veces impide a la ciudadanía resolver gestiones urgentes o acceder directamente a las oficinas públicas. El objetivo es facilitar el acceso y hacer la administración más cercana.

6. Lenguaje claro y comprensible

La reforma obligará a la administración a utilizar un lenguaje más claro y accesible, alejándose del estilo técnico o jurídico que muchas veces confunde a la ciudadanía. La idea es que cualquier persona, sin necesidad de conocimientos especializados, pueda entender los trámites, sus derechos y las comunicaciones oficiales.

Esta propuesta de ley representa un cambio profundo en la cultura administrativa catalana. Ya no se trata solo de digitalizar trámites o reducir papeleo, sino de modificar la actitud con la que el sector público trata a los ciudadanos. Se apuesta por una administración basada en la confianza, la empatía y la colaboración. Como dijo el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, “o colapso, o reforma”. Cataluña ha optado por reformar.