El PP busca pescar el voto de los socialistas contrarios a la amnistía en Cataluña

La aprobación de la ley de amnistía para encausados del «procés» ha levantado mucho revuelo estas últimas semanas. La decisión de Pedro Sánchez ha despertado diferentes opiniones incluso entre sus votantes: prueba de ello son los resultados de la última encuesta del CEO, que muestra que el 41% de personas que votaron al PSC en las elecciones del 23J está en contra de la amnistía negociada por el líder del PSOE.

Ante este desencanto, el PP ha decidido sacar tajada. Durante una rueda de prensa celebrada ayer en la sede de los populares en Barcelona, el diputado en el Congreso Nacho Martín Blanco aprovechó para hablar sobre estos datos, y aseguró que «no hay ni mucho menos una unanimidad a favor de la amnistía» entre los votantes socialistas de Cataluña.

El diputado del PP aseguró que es una prioridad «conectar con el malestar» que tiene «una parte importante de la ciudadanía de Cataluña y de toda España» hacia la ley de amnistía. «El PP recibirá siempre con los brazos abiertos a aquellos que en un momento votaron al PSOE, engañados por la propaganda del señor Sánchez», garantizó Martín Blanco.

La estrategia del PP de captar a los votantes socialistas desencantados con los pactos con el independentismo tiene como objetivo final las próximas elecciones catalanas, previstas para febrero de 2025. De hecho, la misma encuesta del CEO de la Generalitat pronostica para los populares un resultado que quintuplicaría su representación actual al pasar de tres escaños a una horquilla de entre 12 y 17 diputados. Por tanto, el PP podría tener la llave de la gobernabilidad en Cataluña e influir directamente en las aspiraciones del PSC de Salvador Illa.

Asimismo, los populares también intentarán ampliar su bolsa de votantes por el otro extremo y atraer al electorado moderado vinculado a la antigua Convergència, huérfano en esta nueva etapa política y con el rechazo a la amnistía como punto de partida.

La rueda de prensa también contó con la presencia del presidente del PP en Barcelona y alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, quien criticó la composición del que llamó el «nuevo gobierno de Sánchez y Puigdemont». Durante su intervención, Reyes mostró el organigrama de los nuevos ministros y dijo que «faltaba el eslabón de Puigdemont» que, según él, va «por encima de Sánchez dictando todo lo que tiene que hacer estos 4 años».

El dirigente popular ironizó sobre no saber si las sesiones de control se trasladarían ahora a Waterloo o se seguirán haciendo en el Congreso, y añadió que el PSC ha sido el actor castigado en el reparto de los ministerios. Y es que, además de perder la presidencia del Congreso, el PSC ha pasado de tener dos representantes a uno: «Se ha llevado la «pedrea». Así le paga Sánchez al PSC el trabajo realizado», apuntó Reyes, tras constatar también que Podemos se ha quedado sin ministerios.

El alcalde de Castelldefels también fue crítico con el hecho de que Félix Bolaños asuma también el Ministerio de Justicia, por lo que consideran que será el encargado de gestionar la ley de amnistía. «Nos sorprende que sea la persona encargada de velar por esa ley de amnistía que ha sido el precio a pagar, exigido por Puigdemont, para dar sus votos», manifestó. «Los inversores buscan estabilidad, y no la van a encontrar en un gobierno vigilado por un prófugo de la justicia», aseguró el diputado del PP, Nacho Martín Blanco, en otro guiño para atraer al empresariado contrario a la amnistía.

Martín Blanco tampoco valoró positivamente el traspaso de Cercanías, consideró que esta transferencia en competencias se hará solo «porque a Sánchez le interesa preservar los apoyos parlamentarios» de Junts y ERC. El diputado del PP puso en duda las competencias del Govern y dijo que «hasta ahora los partidos separatistas han demostrado, con una deuda absolutamente disparada, que no son los mejores gestores» y, que por lo tanto, no tiene esperanzas en que la Generalitat «se convierta en la mayor gestora del país».