Bravo critica la “desigualdad” que sufre el personal laboral de la administración

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha alertado de la “desigualdad” y la “discriminación” que sufre el personal laboral de la administración respecto a los empleados públicos porque se les tendrá que descontar el permiso retribuido y tendrán que devolver los días que estén sin trabajar durante el estado de alarma.

“Se genera una gran desigualdad y una discriminación en la aplicación de la normativa cuando hablamos de empleados laborales y públicos”, ha asegurado Bravo en una rueda de prensa por videoconferencia para hacer balance de las actuaciones de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) y el 112CV.

Bravo ha manifestado que ha trasladado esta opinión al ministro de Justicia y al secretario de Estado de Función Pública, y ha asegurado que el Gobierno debería haber tenido “una mirada mucho más amplia e igualitaria” para todos los empleados públicos.

Ha lamentado que también se genera discriminación si se permite aplicar la normativa “para unos funcionarios sí y a otros no, o en unas comunidades autónomas sí y en otras no, o en la administración local sí y en la autonómica no”. En la administración autonómica no se ha podido impulsar la igualdad de los empleados públicos al tratarse de normativa básica, ha especificado la consellera.

Existen servicios donde la administración tiene suspendidos los plazos y procedimientos y no se puede avanzar “después de tres semanas de paralización”, y existe un número importante de funcionarios que no puede trabajar desde casa porque la administración “no está preparada” para actuar de forma telemática en todos sus ámbitos, ha afirmado.

Cuando se tenga que poner en marcha la recuperación, “vamos a necesitar muchos recursos, sobre todo en justicia”, por lo que “se está pagando primero por el trabajo no hecho, y después por el que tendremos que reforzar”, ha señalado. En el ámbito judicial se plantea un problema “preocupante”, ha dicho la consellera, porque “estamos pagando a funcionarios de refuerzo de órganos judiciales o jurisdicciones cuyos procedimientos están paralizados”.

Bravo se ha referido a la paralización que sufrió la Ciudad de la Justicia durante diez días a causa de un incendio en septiembre de 2017, que causó la suspensión de 2.500 juicios, y ha dicho que, cuando se levante el confinamiento el sistema judicial, no solo afrontará “la multiplicación por tres, cuatro o cinco” de esa cifra sino también la recarga que supondrá en las jurisdicciones Mercantil y Social “la avalancha de procedimientos derivados de cierres de empresa y de ERTEs”.

Sobre la actividad en los juzgados, ha indicado que la presencia de funcionarios en sede judicial es inferior al 10 %. Mediante el trabajo telemático se ha podido continuar trabajando durante las primeras semanas del estado de alarma pero se va reduciendo conforma avanza el tiempo.