Estado de alarma

Los procuradores valencianos proponen aprovechar agosto para informatizar los juzgados

Están en contra de la habilitación de dicho mes porque será improductivo

Imagen de la Ciudad de la Justicia de Valencia
Imagen de la Ciudad de la Justicia de ValenciaAna EscobarEFE

Los procuradores valencianos están en contra de la habilitación extraordinaria del mes de agosto en los juzgados, ordenada por Decreto por el Gobierno de España. Dicho decreto, que aún se tiene que convalidar, habilita los días 11 al 31 de agosto para tratar de dar alivio al colapso judicial previsto cuando se levante el confinamiento.

Sin embargo, los procuradores valencianos, al igual que los del resto de España, no ven útil esta medida y creen que la eficacia de la misma va a ser muy escasa. Así, como ya ha informado LA RAZÓN, las precauciones sanitarias harán que en el buque insignia de la Justicia valenciana, la Ciudad de la Justicia de Valencia, solo se puedan celebrar vistas en la 31 salas preparadas al efecto en la planta baja, y no así en las salas de las que dispone cada juzgado al ser muy pequeñas y no poder mantenerse el distanciamiento social necesario entre el tribunal, las defensa, la Fiscalía, las partes y los testigos y peritos, si los hubiera: es de todo punto imposible.

Laura Oliver, decana del colegio de Procuradores de Valencia, apunta un dato más: “ni siquiera se deberían usar todas estas salas, sino de forma alterna, una sí y una no, para poder guardar el distanciamiento de los implicados en la vista, cuando se espera en el pasillo a que ésta comience”. Así que de 31 salas bajamos a 16 en el mejor de los casos.

La situación en el resto de sedes judiciales de la Comunitat Valenciana solo puede ser igual o peor, a priori.

Faltarán testigos

Oliver explica que la habilitación del mes de agosto no va a servir “porque hemos de trabajar con el sistema en marcha”, y considera que “aunque se pueda conformar el tribunal estableciendo los turnos de vacaciones correspondientes, es muy difícil que no falte un testigo, o un perito, o un policía. ¿Cómo le vas a pedir a un agente de las fuerzas de seguridad o a un médico que no se coja vacaciones o que regrese de ellas para declarar como testigo en un juicio? Con lo que han trabajado durante la crisis..."

Oliver también recuerda que durante el estado de alarma y las distintas fases de desconfinamiento, los movimientos van a estar limitados: “no todo el mundo vive en la localidad donde están los juzgados".

La decana valenciana señala que “los procuradores estamos dispuestos a trabajar, aunque sea a costa de las vacaciones de nuestras familias, pero trabajar de forma efectiva” y recuerda que el Decreto de Pedro Sánchez que habilita el mes de agosto, señala en los primeros párrafos que se respetará las vacaciones de magistrados y de fiscales: “han ido a por los profesionales pequeños o medianos, los grandes despachos podrán hacer turnos, pero la mayoría de los procuradores tenemos despachos unipersonales”. Y considera que en la redacción del decreto se ha primado la opinión de los sindicatos.

En cualquier caos, Oliver insiste en que el problema no es quedarse sin vacaciones, sino que el esfuerzo sirva para algo: “se trata de tomar medidas que no sean un brindis al sol, que se puedan llevar a cabo”

En este sentido, desde el Colegio de Procuradores de Valencia se considera mucho más adecuado aprovechar el mes de agosto para informatizar de una vez por todas los juzgados: “la Justicia todavía está en el siglo pasado en materia tecnológica. Sería mucho más efectivo cerrar en agosto y meter informáticos en todas las sedes judiciales para informatizar de verdad la Justicia”.

De esta forma, apunta Oliver, “se podría trabajar si en octubre viene otro repunte y hay que confinarse nuevamente”.

De hecho, hoy por hoy, la posibilidad de celebrar juicio por videoconferencia o trabajar de este modo con las comisarías -como denuncian los abogados del turno de oficio-, es en muchos casos, ciencia ficción.

Vacaciones todos a la vez

Además, la decana del Colegio de Procuradores de Valencia señala que “se puede trabajar mucho aunque no se celebren juicios, si se reanudan los plazos”. También propone que dada la situación extraordinaria que vivimos este año, que se tomen todos los trabajadores de la Justicia las vacaciones en el mes de agosto, “para que cuando empecemos, empecemos todos a la vez”.

Esta es una vieja reivindicación de procuradores y abogados que denuncian que cuando llega el verano, los juzgados están a medio gas durante cuatro meses, por el reparto de las vacaciones de los trabajadores.

Decreto-empastre

Oliver, que tilda el decreto ley de Sánchez de “empastre” dice que “si la Justicia tuviera un tercio de la inversión tecnológica que tiene la Agencia Tributaria, otro gallo cantaría”, pero desgraciadamente no es así. La decana concluye que la quincena habilitada del mes de agosto va a ser improductiva “porque el funcionamiento va a ser similar al de los juzgados de Ruanda”, y pide al ministro Campo que rectifique.

La opinión de Oliver está en línea con el criterio del Consejo General de Procuradores de España que también ha rechazado públicamente la habilitación del mes de agosto, y ha denunciado que el Gobierno no ha tenido en cuenta su opinión en este sentido.

Oliver también valoró el manifiesto suscrito por seiscientos procuradores de toda España en contra del decreto: “entiendo el malestar que compartimos toda la profesión, pero el cauce no es un manifiesto de una asociación casi anónima (Procuradores en Red) en el que se mezclan churras y merinas, el cauce son los colegios profesionales que están abiertos a la participación de cualquier colegiado”, por lo que considera desafortunado el manifiesto.