La baza de la «doctrina Botín» para salvar al hermano de Pedro Sánchez

Con el hermano del presidente del Gobierno cada vez más cerca del banquillo, las estrategias procesales para intentar librar del juicio a David Sánchez cobran más relevancia que nunca. De ahí que entre las fuentes jurídicas consultadas no hayan pasado desapercibidas dos actuaciones estrechamente ligadas a su futuro judicial. Por un lado, la petición de archivo de la Fiscalía –que aunque en los albores de la investigación respaldó la práctica de diligencias se ha ido alineando sucesivamente con la defensa del hermano de Pedro Sánchez– y, por otro, la decisión de otro de los imputados, el líder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo, de dejar la presidencia de la Diputación de Badajoz para ser diputado autonómico.

El paso atrás del Ministerio Público –que ya se opuso a la citación como investigado de David Sánchez ante la falta de indicios delictivos contra él– deja la acusación exclusivamente en manos de la acción popular (objetivo de la reforma frustrada del Gobierno para limitar su margen de maniobra incluso con carácter retroactivo). Y la maniobra de Gallardo aboca la causa al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) en cuanto el líder socialista autonómico tome posesión de su acta de diputado, cuando quedará formalmente aforado.

Las fuentes consultadas son categóricas a este respecto: en el momento en que Gallardo se convierta en diputado, la magistrada Beatriz Biedma –que investiga por tráfico de influencias al hermano del jefe del Ejecutivo– está obligada a elevar al TSJ de Extremadura una exposición razonada con los indicios contra él, paralizando la instrucción. Y eso, precisan, al margen de que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz haya acordado o no la apertura de juicio oral, como le reclaman las acusaciones populares –Manos Limpias, PP, Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa y Asociación Liberum, entre otras– en contra de la Fiscalía.

Posible cambio de tribunal

A partir de ese instante, quedará en manos del TSJ extremeño la decisión de asumir la investigación contra Gallardo y si es así –al considerar suficientes los indicios contra el líder del PSOE autonómico, investigado por la contratación de David Sánchez en 2017 como coordinador de conservatorios y por la posterior mutación de su puesto al de jefe de la Oficina de Artes Escénicas sin concurso alguno–, la de determinar si asume también toda o parte de la causa. En este sentido, si la Sala concluyese que los hechos por los que se investiga al hermano de Pedro Sánchez son inescindibles de los que mantienen procesado a Gallardo, el TSJ autonómico recabaría también para sí esa parte del procedimiento.

De este modo, ya no sería la Audiencia Provincial de Badajoz –que ha respaldado a Biedma frente a la batería de recursos de la defensa del músico y de la Fiscalía– sino el TSJ de Extremadura el que juzgaría a David Sánchez (si la toma de posesión de Gallardo se acelera, la Audiencia podría verse privada incluso de la decisión de llevarlo o no a juicio). Algo que despierta recelos en las acusaciones populares, que desconfían de la actuación del TSJ al respecto frente al apoyo decidido y sin fisuras mostrado por la instancia superior a la instructora ante los intentos del hermano del presidente de desbaratar la investigación.

Pero más allá de que la causa se derive o no finalmente al Tribunal Superior, las fuentes jurídicas consultadas ven en la petición de archivo de la Fiscalía una puerta abierta a la defensa de David Sánchez para que invoque al tribunal la «doctrina Botín» y reclame el archivo esgrimiendo la imposibilidad de que la acción popular sostenga en solitario la acusación una vez el Ministerio Público no acusa y no existiendo tampoco una acusación particular (un perjudicado directo por los supuestos hechos delictivos) que lo haga.

De la "doctrina Botín" a la "doctrina Atutxa"

La conocida como «doctrina Botín» –establecida por el Tribunal Supremo en diciembre de 2007 y que libró del banquillo a Emilio Botín– obliga al archivo de una causa cuando ni la Fiscalía ni la acusación particular acusan. Pero solo unos meses después, en abril de 2008, fue matizada por el alto tribunal mediante la «doctrina Atutxa», que sí avaló el juicio por desobediencia al expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa, al que solo acusaba la acción popular, al tratarse de un delito en el que no existe un perjudicado concreto sino que, al proteger intereses difusos, afecta a la colectividad.

Una doctrina esta última a la que por cierto se acogió el juez José Castro para sentar en el banquillo a la Infanta Cristina por el "caso Nóos" (que posteriormente resultaría absuelta) pese a la oposición de la Fiscalía y únicamente con la acusación de Manos Limpias.

Algo similar, apuntan fuentes jurídicas, a lo que sucede en el caso del hermano de Pedro Sánchez al tratarse de delitos contra la Administración Pública como el tráfico de influencias y la prevaricación, en los que tampoco existe un perjudicado individualizado, sino que es la sociedad en su conjunto la que se resiente por la comisión de esos hechos delictivos.

Será, en todo caso, el tribunal encargado de juzgar a David Sánchez (si finalmente se abre juicio oral contra él) el que tenga que dilucidar esta cuestión en el supuesto de que el abogado del hermano del presidente del Gobierno (o la propia Fiscalía) la invoque, bien en su escrito de defensa o en las cuestiones de previo pronunciamiento antes de la vista oral.