No a la politización del CGPJ

Vaya por delante que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque se encuentre con su mandato prorrogado o en funciones, no pierde su legitimidad, no existe precepto constitucional o legal que lo impida ni limite, y como dijo Cicerón,

«seamos esclavos de las leyes para ser libres». No podemos ni debemos depender del poder político para el desarrollo de las funciones del Consejo previstas en el Artículo 560 de la LOPJ.

Resulta paradójico que lo único que se cuestione es lo relativo a los nombramientos discrecionales. Nuestras funciones no se reducen a realizar nombramientos para cargos judiciales cuando se produzcan vacantes, sino que son mucho más amplias, no voy a enumerarlas todas, sí algunas, como la potestad reglamentaria, la selección de jueces y magistrados, la potestad disciplinaria, las competencias en formación, perfeccionamiento y especialización de jueces y magistrados, ejercicio de su función inspectora y consultiva, etcétera.

Con ello me pregunto ¿por qué las acusaciones reiteradas de falta de legitimidad democrática sobre el Consejo solo se refieren a la función específica de los nombramientos discrecionales de cargos judiciales, y, que no se diga que las demás funciones son meramente administrativas?.

La contestación es fácil, la explicación más sencilla suele ser la correcta (el principio de la ‘navaja de Ockham’) se trata de que bajo el pretexto de la libertad de expresión subyace un intento de control del poder judicial y un ataque brutal a su independencia, dando a entender a los ciudadanos que los nombramiento para esos cargos judiciales se realizan desde el control político a través del Consejo, órgano de gobierno de los jueces, trasladando una imagen irreal pero interesada de politización de la justicia a la sociedad bajo el pretexto de que estamos en un Consejo prorrogado y caduco.

La injerencia política en el Poder Judicial denota una politización contraria a la separación de poderes que requiere el Estado de Derecho. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea también ha declarado que, conforme al principio de separación de poderes que caracteriza el funcionamiento de un Estado de Derecho, debe garantizarse la independencia de los tribunales frente a los poderes Legislativo y Ejecutivo; y además el informe GRECO, organismo dependiente del Consejo de Europa ha afeado a España por no solucionar la «politización» de la Justicia.

Una cosa es el ejercicio prudente y responsable de la crítica y de la libertad de expresión y otra, la presión o injerencia en el poder judicial.

Como se ha podido comprobar el último pleno del Consejo, pese a las presiones, y con una amplia mayoría procedimos a la designación de los nombramientos discrecionales en cumplimiento de su función constitucional y asegurando su normal funcionamiento.

La renovación de los cargos en los órganos judiciales no puede estar paralizada. Eso sí que sería una anomalía, ya que el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia- que redunda en beneficio de la sociedad-, así lo exige.

Realizar nombramientos en un órgano colegiado requiere tomar decisiones y acuerdos que se realizan desde la independencia e imparcialidad y evidencian que previamente hay debate, negociación y votación, sin olvidarnos del viejo aforismo de garantía procesal «Quod non est in actis non est in mundo», frase en latín, utilizada a menudo en los sistemas judiciales escritos, que hace referencia a que lo actuado fuera de un proceso judicial y/o que no consta dentro del respectivo expediente, no debe ser considerado por el juzgador al momento de resolver o dictar sentencia.

Trasladado al Consejo, se traduce en que la elección del candidato debe ser conforme al currículum, valorando mérito y capacidad, buscando siempre la excelencia. Para ello lo más eficaz sería el respeto y lealtad institucional del resto de poderes del Estado.

Mientras esto no ocurra y el clima sea adverso peor quedara la imagen de la Justicia y su independencia.

Quizás a alguien eso le interese.

Carmen Llombart Pérez es vocal del Consejo General del Poder Judicial