El PP exige a Marzà un cuerpo de inspectores independientes que vigile el adoctrinamiento

El PP ha preparado una batería de enmiendas a los Presupuestos de la Generalitat que tienen como objetivo “frenar” la aplicación de la Lomloe en la Comunitat Valenciana. Aseguran que la “ley Celaá” descarga en las autonomías importantes aspectos, por lo que trasladan a la Conselleria de Educación la responsabilidad de los efectos que pueda producir en el sistema educativo valenciano.

Una de las mayores preocupaciones del PP es controlar el adoctrinamiento en las aulas. La portavoz popular de esta materia en Les Corts, Beatriz Gascó, ha recordado que es necesario señalar a “unos pocos” profesores que no hacen bien su trabajo. Para ello, proponen la creación de un grupo específico de inspectores que supervise los materiales educativos. El acceso a estas plazas debe ser por “concurso oposición”.

La ley anterior, la Lomce, sí permitía la existencia de una cuerpo general de inspectores. Sin embargo, la Lomloe quita estas competencias al Estado y las dejas en manos de las comunidades autónomas este control y además, permite que lo hagan personas que no hayan pasado proceso público de selección. “Serán nombrados a dedo. Les va a permitir reescribir la historia y no habrá nadie que vigile el proceso de catalanización al que quieren someternos”.

Gascó ha remarcado la importancia de estas enmiendas puesto que con la Ley Celaá, el PP se queda sin armas legales para combatir la reducción de los conciertos o la defensa del castellano.

Pasar sin suspensos

Los populares también recogen en sus enmiendas que no se pueda pasar de curso con suspensos y que se valore el esfuerzo en la concesión de las becas, sin dejar desatendidas a los alumnos con mayores dificultades.

Sobre la enseñanza en castellano, defienden que no debe dejar de ser la lengua vehicular en la enseñanza y que sin desatender el valenciano, como lengua cooficial que es en la Comunitat Valenciana, se respeten los derechos de las zonas castellanoparlantes. “El valenciano se promueve, no se impone”.

En este sentido, los populares proponen que no se concedan subvenciones a las entidades que promueven el independentismo y que defienden a personas que han cometido delitos. Gascó ha solicitado que no se reparta dinero público a aquellas organizaciones que incumplen el Estatuto Autonomía y la Constitución. “Se han dado más de 150.000 euros al Instituto Ramon Llull, ¿por qué no se dan a otras instituciones que sí promueven la cultura valenciana como Carmona Vives, Lo Rat Penat o la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV)?”