El juez procesa a los concejales de Rita Barberá por el pitufeo en el Ayuntamiento de Valencia

El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha comunicado este martes el procesamiento de cerca de medio centenar de personas, algunas de las cuales formaron parte del Gobierno del Ayuntamiento de Valencia liderado por la exalcaldesa, Rita Barberá, durante el periodo 2011-2015, por un delito de blanqueo.

Según un auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el magistrado ve indicios de criminalidad en altos cargos del PP durante la última legislatura de Barberá, y responsabiliza directamente al exalcalde de Valencia, Alfonso Grau, como responsables de la corrupción.

Tal y como indica el juez instructor del caso del “pitufeo”, esta operación del Ayuntamiento “fue una sobrefinanciación articulada exclusivamente en el ámbito local de Partido que se confundía plenamente, en su actividad política, con la actividad política y económica del Grupo Municipal del Partido Popular”.

El auto también atribuye responsabilidad penal al Partido Popular derivada de la “posible comisión del delito de blanqueo”. De hecho, reconoce que el partido presentó una documentación a la pieza relativa al reglamento, estatutos y propuesta de un programa de anti-corrupción que, según el juez, “no consta su implementación o inicio de su ejecución”.

En la resolución se detalla como actividad criminal la operación que realizaban de forma continuada Mari Carmen García-Fuster, quien era la encargada de devolver dinero en efectivo que realizaban los ediles a la cuenta del partido. En concreto, los cargos populares realizaban una serie de donaciones por valor de 1.000 euros, y la propia García-Fuster les reintegraba el donativo en billetes de 500 euros en efectivo, blanqueando así la caja B del partido municipal.

Así consta, además, en una conversación ordenada durante el transcurso de la investigación a María José Alarcón, en aquella fecha esposa de Alfonso Grau, en la que mantuvo una charla telefónica con su hijo en el que le explica todo el entramado criminal de blanqueo de dinero, así como otra con su hermana, en la que le indica cómo realiza la transferencia de dinero a cambio del blanqueo, lo que es conocido como “pitufeo”.

Poco después, el propio Grau prestó declaración como testigo de estos hechos, ya que no figura que él realizara este tipo de donaciones, y aseguró que sabía que le habían pedido a su mujer que realizara este tipo de acciones, “pero a él no le pidieron nada por que ya no estaba en el Grupo Municipal”. “Declaró en todo caso desconocer quien ideó esa operativa”, señala el auto.

No obstante, el juez apunta a que su asesor y mano derecha, Jesús Gordillo, confesó en una declaración ante la Guardia Civil que “Alfonso Grau le entregó la cantidad de 350.000 euros en efectivo en billetes de 500″, y recibió instrucciones de éste para recoger diferentes cantidades de dinero “de distintas empresas de las que asumían el coste de determinados gastos electorales en los que había incurrido el Partido”, con el objetivo de tener ciertos beneficios posteriormente.

“Preguntados sobre las circunstancias en que se produjo la entrega de los 350.000 euros, explicó que el propio Alfonso Grau se los entregó en un sobre y que le dijo que ése era el dinero para pagar los gastos electorales”, indica el auto del magistrado.