Los ginecólogos valencianos consideran que la “violencia obstétrica” criminaliza su trabajo

La enmienda presentada por los partidos que sustentan el Botànic -PSPV, Compormís y Podem- para que se incluya la violencia obstétrica dentro de la Ley de Violencia de Género, continúa levantando ampollas. Después de que los médicos ya se hayan mostrado en contra de este concepto, hoy ha sido la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la Comunidad Valenciana (SOGCV) la que ha rechazado “de forma rotunda” lo que se ha dado en llamar “violencia obstétrica”.

Desde esta entidad señalan su completo desacuerdo con el uso de dicho término que “nos parece ofensivo y no refleja en absoluto el trabajo de obstetras, matronas y todo el personal implicado en el cuidado de la mujer durante el periodo gestacional, parto y puerperio”.

Por ello, han solicitado que se retire la enmienda presentada a la mesa de la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda y han considerado que “dicha situación no hará más que crear un clima de desconfianza en la mujer al criminalizar a matronas y obstetras haciéndolos potenciales generadores de daño”.

“Desde hace años la asistencia al embarazo y parto ha ido mejorando de forma muy importante gracias al trabajo coordinado de ambos colectivos. Así mismo, la calidad subjetiva percibida por las pacientes y expresada en las encuestas de satisfacción de los hospitales de la comunidad, está valorando muy positivamente la atención sanitaria recibida”, aseguran estas mismas fuentes.

Recuerdan que el conjunto de actuaciones médicas realizado los últimos años ha demostrado una mejora objetiva en los resultados respecto a la mortalidad perinatal, habiendo un descenso desde el 2005 al 2019 del 32,8% en nuestra Comunidad.

“No podemos entender cómo se plantea esta enmienda desde los grupos parlamentarios sin haber contactado con los sectores a quienes afecta. Los casos de mala praxis o negligencias, tienen ya una vía judicial para ser denunciados y juzgados. Si el objetivo de la Ley es dotar de autonomía a la mujer durante la gestación y garantizar el respeto al proceso del parto, compartimos los objetivos. Matronas, obstetras, anestesistas, pediatras y todo el personal que trabaja en paritorios perseguimos el mismo propósito que es garantizar dignidad y respeto tanto para las mujeres como para los profesionales que cuidamos de ellas durante el embarazo y el parto”.

Concluyen señalando que la SOGCV siempre estará dispuesta a establecer un diálogo con los distintos grupos parlamentarios, la Conselleria de Sanidad Universal i Salud Pública y los profesionales sanitarios implicados, para mejorar la asistencia obstétrica en nuestra Comunidad.

En esta línea, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) afirma que la tipificación penal de un concepto como la “violencia obstétrica” sitúa a los profesionales en un “territorio de inseguridad jurídica insoportable” y los expone al “riesgo de acabar condenados por una decisión médica o por una interpretación subjetiva”.

Afirman que rechazan la “normalización” de prácticas como las cesáreas o las episiotomías y recuerdan que en la actualidad no existe un “empleo institucionalizado” de las mismas y que están en “claro descenso” en los hospitales. ”Se dan ya en menos del 30 por ciento de los partos y en la mayoría de los casos en los que se producen su uso está justificado por la evidencia científica: es decir, la práctica profesional inadecuada sería no recurrir a ellas”, indican.

Consideran que la investigación científica y la formación representan “la mejor vía para el perfeccionamiento de una práctica asistencial, que ya es excelente en la mayoría de los casos”. ”Nada ayuda a esa mejora la utilización y tipificación penal del concepto de ‘violencia obstétrica’ que promueve, además, la idea de un enfrentamiento entre las mujeres y los profesionales que es contraria a los lazos de confianza y cercanía que preside habitualmente las relaciones entre ambas partes”, añaden.