La Conselleria de Sanidad cerró contratos verbales por la pandemia hasta septiembre de 2020

El estallido de la pandemia en 2020 obligó a las Administraciones a improvisar y a utilizar mecanismos poco ortodoxos para lograr material sanitario. El caso de la Comunidad de Madrid ha devuelto a la actualidad estos procedimientos. En la Comunitat Valenciana, esta urgencia justificó el pago de 152 millones de euros en contratos verbales realizados por la Conselleria de Sanidad y sobre los que la Sindicatura de Cuentas advierte en su último informe.

No obstante, estos acuerdos, que incluían también pagos anticipados, no se limitaron a las primeras semanas de la pandemia. Este órgano de control tiene constancia de que se alargaron hasta septiembre de 2020, cuando se siguieron cerrando acuerdos verbales por valor de 5,8 millones de euros para la compra de batas, soluciones hidroalcohólicas o guantes.

La Sindicatura de Cuentas ha analizado 31 expedientes y no pasa de puntillas por esta cuestión. Incide en que «no han podido verificar la adecuada ejecución del contrato, ni su recepción de conformidad, ni su liquidación» porque no constan en los expedientes de comprobación. Se vulnera, por tanto, la Ley de Contratos del Sector Público. «Este incumplimiento de carácter generalizado se agrava en aquellos casos en los que se acuerden pagos anticipados», ya que posteriormente no se puede comprobar si ha llegado lo acordado.

Advierte además de que en once de estos contratos no se ha dictado el acuerdo necesario para su declaración de emergencia y en otros siete tampoco se adjunta el informe técnico que justifica la situación que motiva la situación de emergencia para recurrir a esta tramitación extraordinaria.

La Sindicatura de Cuentas también hace hincapié en el elevado riesgo derivado de la falta de control y seguimiento en la ejecución de contrataciones en el exterior. «Sea de manera directa con los proveedores extranjeros o por medio de intermediarios situados en España (...) hemos observado que los expedientes no contienen la trazabilidad de la transacción desde el encargo-realizado verbalmente- hasta la recepción y almacenamiento del suministro».

Este organismo afirma que no han podido vincular los encargos efectuados con los albaranes recibidos y estos con las facturas pagadas. Tampoco ha podido comprobar si los suministros se recibieron en las condiciones pactadas de carácter económico y de calidad, ya que no se formalizaron los contratos ni quedó constancia en el expediente de las devoluciones o las pérdidas que podrían haberse producido.

“Se desconocen las razones por las que determinados contratos que se debían ejecutar en el extranjero se acordaban con empresarios situados en España. También se desconoce si las condiciones económicas y de calidad acordadas correspondían a la situación del mercado en las fechas de adquisición”. Así mismo, señala que solo hay un expediente en el que se indican los costes de transporte y en ningún caso figuran los documentos aduaneros para vincularlos con las facturas recibidas.

Para completar esta investigación, la Sindicatura de Cuentas solicitó el inventario de los productos adquiridos y que se almacenaban en Feria Valencia, pero la documentación entregada por la Conselleria de Sanidad “no nos ha permitido identificar los albaranes ni el costo unitario del producto”.

De hecho, la Agencia Valenciana Antifraude abrió una investigación en el verano de 2020 sobre los contratos realizados por el procedimiento de emergencia durante los primeros meses de la pandemia.

Explicaciones en Corts

El grupo parlamentario popular registrará esta semana una petición para que vuelvan a comparecer en Les Corts la comisionada de la Generalitat para la coordinación de suministros de covid, María José Mira, y la secretaria autonómica de Economía, Rebeca Torró.

El portavoz popular de Economía, Rubén Ibañez, asegura que el informe de la Sindicatura contradice las intervenciones realizada en 2020 en el Parlamento valenciano y por tanto, exigen nuevas explicaciones “a la vista de la gravedad del informe”.